La iniciativa de reforma a la Ley Electoral regresará a la Cámara de Diputados, luego de que se le hicieran modificaciones a la propuesta del Ejecutivo Federal, así lo dio a conocer Adán Augusto López, al señalar que fue por un “error”.
“Básicamente son tres puntos, el Artículo 15 de la ley de procesos electorales se le hizo un agregado, la fracción cuarta, dice o decía la ley, que para conservar el registro de un partido político nacional, debía tener cuando menos 3% de la votación total emitida. Le agregaron un párrafo que formaba parte de un documento de trabajo, una propuesta que sí había presentado partidos políticos y por un error se les fue en el dictamen final”, señaló Adán Augusto.
El párrafo señala que optativamente, si no tenían 3% de la votación total emitida, podían alegar, cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro, lo cual beneficiaba al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde (PVEM).
En conferencia de prensa matutina, Adán Augusto ayer los legisladores reconocieron el error y plantearon al Senado para que se modifique el texto.
“Se va hacer la modificación, regresa la minuta a la Cámara de Diputados para que ellos rectifiquen el error. Se votará seguramente en la semana”, detalló.
Otro de los puntos que no contenía la iniciativa del Ejecutivo Federal, es que los partidos políticos puedan disponer de sus excedentes para el siguiente ejercicio fiscal. Lo que sí contiene la iniciativa es la desaparición de fideicomisos.
🟢 #ConferenciaPresidente | “Por un error se les fue en el dictamen final un párrafo que consiste en que si los partidos políticos no obtienen 3% de la votación, podrán alegar, cuando menos, que en 17 elecciones locales puedan obtener el registro, es un texto inconstitucional”. pic.twitter.com/MXTJIJpEp4
— Once Noticias (@OnceNoticiasTV) December 9, 2022
¿Cuáles son las modificaciones con el plan “B”?
Se determina reducir los salarios de consejeros y magistrados electorales. Además de la destitución del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en el cargo 14 años y está considerado como una de las personas más cercanas a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y que apenas en 2020 fue propuesto por el propio Córdova para mantenerse en el puesto hasta 2026.
Se establece la eliminación de fideicomisos en el instituto, de los que no se rinden cuentas, y medidas para proteger los recursos públicos, por lo que se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a funcionarios del INE.
También se restringe la facultad de sanción del INE sobre conductas de probables infractores electorales, cuya facultad corresponda a otras autoridades, fiscales o administrativas, y su posibilidad de vincularlas con conductas electorales.
El dictamen de reformas a las leyes secundarias, plantea la compactación de la estructura orgánica del INE y de los OPLES, en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
La obligación de los órganos electorales para cumplir el mandato del Artículo 127 constitucional, que ordena que las percepciones salariales de los consejeros electorales y magistrados electorales deben ser inferiores a las del presidente de la República.
Otros puntos contenidos en el aprobado plan B, son garantizar el principio de paridad de género en las elecciones de órganos colegiados, respetando el voto de las mexicanas y mexicanos en el extranjero, mediante el uso del internet y con la presentación de pasaporte y matrícula consular.
Garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y el de las personas con discapacidad, y combatir la entrega de dádivas, coerción y condicionamiento del voto a favor de candidatos o partidos durante los procesos electorales.
Además de eliminar dos salas regionales que no entraron en funciones y la sala regional especializada del tribunal electoral, para ser absorbidas por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.
Las modificaciones hechas a los dos dictámenes aprobados, a petición del Partido Verde y el PT, establecen la posibilidad de poder transferirse votos entre partidos, para blindarse contra la eventual pérdida de registro.
Estos partidos podrán celebrar convenios de distribución de los votos emitidos y se agrega un artículo para definir como votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas.