La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que ocho personas han sido identificadas como probables responsables de los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
De estas ocho personas, dijo, dos son agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones a fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva para que ninguna persona sea protegida y ningún hecho ocultado.
El pasado 27 de marzo, un incendio en un albergue para migrantes, en Ciudad Juárez, del Instituto Nacional de Migración (INM), dejó un saldo preliminar de 39 víctimas hasta ahora, quienes eran de nacionalidades: Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
Asimismo, otros 27 migrantes resultaron heridos. Tras este evento, se publicaron en redes sociales videos que mostraron a oficiales de migración cuando abandonaban la estación del INM, dejando a los migrantes atrapados entre las llamas.
“Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y a los protocolos de protección civil. Se ofreció apoyo y asistencia hospitalaria a las víctimas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se comunicó con las embajadas de las víctimas para coordinar la identificación y traslado de los cuerpos a sus países de origen y ayudar a las familias”, detalló Rodríguez Velázquez.
En ese sentido, Rodríguez Velázquez aseguró que este gobierno condena la violencia contra los derechos humanos y que de las 27 personas hospitalizadas, 14 están siendo atendidas en el Instituto México del Seguro Social (IMSS), 11 en el Hospital General de Chihuahua y dos en otro hospital. La mayoría de estas víctimas se encuentran en calidad de grave o delicada.
Por su parte, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra comentó que ya se tiene prevista la audiencias para obtener las órdenes de aprehensión. Una vez, éstas sean tramitadas, obtenidas y se realicen las detenciones, apuntó, se podrá dar información a la sociedad civil si las ocho personas identificadas como probables responsables son algunas de las que salen en los videos difundidos en redes sociales.
“Ninguno de los servidores públicos realizaron acciones para abrir las puertas a los migrantes que se encontraban adentro con el fuego. En cuanto, la delegación recibe la información en Chihuahua, llegaron al lugar de los hechos e iniciaron una carpeta de investigación, también peritos y peritas, se desarrollaron entrevistas, se recabaron los expedientes de las personas migrantes, y entrevistas a las personas que fueron trasladados a los hospitales”, explicó Herrerías Guerra.
Además, enfatizó, se solicitó al INM información sobre sus protocolos de seguridad y el número y localización de las salidas de emergencia, por lo que reiteró que conforme avance la investigación se irán obteniendo las ordenes de aprehensión de las personas responsable de este hecho, y que se está trabajando en la identificación de las víctimas.
Responsabilidad del Estado
Como resultado de este hecho, diversas organizaciones y grupos defensores de derechos humanos lamentaron el este hecho y señalaron al Estado como responsable de las muertes, al considerar que se encontraban bajo su responsabilidad.
“Las personas migrantes estaban privadas de su libertad por autoridades y por tanto el Estado es garante de su vida. Esto no se diluye señalando que estaban ‘retenidos’ en un ‘área de aseguramiento temporal’ ni insistiendo en que ‘protestaban'”, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su cuenta de Twitter.
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que investigará los hechos, para lo cual personal de la oficina regional de Ciudad Juárez acudió al lugar de los hechos y entró en comunicación con representantes del INM a fin de garantizar que las personas heridas reciban la atención médica adecuada, acorde a sus necesidades específicas.
Además, el vocero del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, insistió en el compromiso de Naciones Unidas de trabajar con las autoridades de los países donde se producen movimientos de personas migratorias “para establecer rutas más seguras, reguladas y organizadas”.
En ese sentido, familiares de las víctimas, sociedad civil y organizaciones exigieron una investigación exhaustiva que deduzca responsabilidades.
La Fiscalía General de la República (FGR) está realizando las investigaciones, así como la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) sus diligencias a fin de que se finquen responsabilidades y no haya impunidad.