La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió a favor de la facultad del Instituto Nacional Electoral (INE) para revocar candidaturas judiciales que, a pesar de tener el aval del poder del Estado que las propone y resultar electas en los comicios, no cubren los requisitos de elegibilidad para ocupar sus cargos.
Con esta resolución, el instituto mantiene su acuerdo ‘INE/CG382/2025’ que establece el procedimiento para verificar que las personas candidatas a cargos en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 no hayan incurrido en ilícitos y cumplan los requisitos de la normativa vigente.
Durante la sesión pública, el magistrado Felipe Fuentes destacó que verificar que quien va a juzgar a los demás cumpla con la ley no es un exceso, sino una obligación democrática esencial. Subrayó que el derecho a ser votado no es absoluto, pues está condicionado al cumplimiento permanente de requisitos legales.
“No se puede entregar una constancia de mayoría a quien no puede legalmente ocupar el cargo. La validez de la elección exige legalidad de fondo, no solo de forma”, sostuvo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera en su intervención.
La resolución precisa que el procedimiento del INE no invade atribuciones del Senado ni duplica lo realizado por los Comités de Evaluación.
Por el contrario, se trata de una colaboración funcional entre instituciones, en la que cada una actúa conforme a su competencia: los Comités valoran los perfiles técnicos; el Senado conforma las listas; y el INE verifica que quienes obtengan el mayor número de votos cumplan con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo.
Algunos ilícitos que hacen a una candidatura inelegible:
- Antecedentes por violencia familiar
- Delitos sexuales
- Violencia política contra las mujeres
- Incumplimiento de pensión alimenticia
“En un momento clave para la consolidación del nuevo Poder Judicial, esta resolución contribuye a proteger la integridad institucional y refuerza la confianza ciudadana en el sistema democrático”, concluyó el INE.