La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dejó en claro que la investigación contra Latinus, por presuntos delitos de corrupción y operación con recursos de procedencia ilícita, no corresponde a algún tipo de venganza.
En entrevista para el noticiero Punto de Referencia, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, rechazó el comunicado emitido por Latinus en el que advierte que es objeto de una venganza y persecución.
“Yo no veo que tengamos que vengarnos de algo o contra alguien. Hay datos, hay informaciones que aporta el sistema financiero nacional, que tiene que reportar porque la ley lo obliga”, destacó.
Gómez Álvarez reafirmó que existe una carpeta de investigación abierta sobre el tema y confió en que el ministerio público le dé celeridad al caso.
Reiteró que en la denuncia no se incluye a ningún periodista, porque “Latinus no es propiedad de periodistas”, sino de un grupo de empresarios.
“Entre las personas a las que se les pagó ese dinero de origen ilícito y que fue lavado, o esa era la idea de los autores de esto, hay algunos periodistas, pero ellos no están en la denuncia. En la denuncia está el entramado, el consorcio que recibía recursos públicos y se los apropiaba”, explicó.
🔴#Entrevista 1/2 | @PabloGomez1968, titular de la #UIF, habla a detalle sobre el caso Latinus, así como los protocolos que emprende la Unidad que lidera antes y durante la realización de las investigaciones#PuntoDeReferencia🔻 pic.twitter.com/gN4ojM6Noh
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¿Cómo opera el consorcio al que pertenece Latinus?
Pablo Gómez explicó que el sistema financiero y las actividades denominadas “vulnerables” (sorteos, cambios de dinero, metales preciosos, blindajes venta de coches, inmuebles, etc.), son monitoreadas todos los días por la autoridad.
De ahí, la dependencia recibió información del consorcio y, como es su obligación, se procedió a presentar una denuncia para que se abriera una investigación.
La indagatoria da cuenta de un esquema de desvío de recursos que, a través de empresas dedicadas a la venta y distribución de servicios médicos, involucra a gobiernos estatales como el de Michoacán, el Estado de México, Chiapas, Hidalgo y Nuevo León, con quienes tenía contratos.
“Fingía que vendía servicios médicos o medicinas, cobraba ese dinero y lo usaba en empresas que se dedican a otra cosa. Era dinero que estaba destinado a la atención médica en algunos estados, pero algunos de esos dineros tenían su origen en la Federación porque eran recursos que trasladaba el Gobierno Federal a esas entidades”, explicó.
Pablo Gómez precisó que este consorcio dispersaba ese dinero en un par de empresas, una de las cuales se constituyó en Delaware, Estados Unidos, a través de la cual se triangularon una serie de pagos y recursos.
“Delaware es como paraíso fiscal. De ahí regresa el dinero, con otra procedencia con el propósito de ocultarlo”, apuntó.
Pablo Gómez, titular de la UIF, sostuvo que la dependencia a su cargo no emprende acciones por sí sola, sino que recibe informes del sistema financiero, los analiza y, “si encuentra en esos informes la base para hacer una denuncia, lo tiene que hacer”.
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