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Juez absuelve a José Luis “A” por caso Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos reveló que se trata del juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien también liberó a 77 presuntos implicados en la desaparición de los normalistas. 

Un juez federal absolvió a José Luis “A”, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tras argumentar que no existen evidencias suficientes de su responsabilidad en el crimen, informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. 

Esto pese a que, en el último informe, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó que el exalcalde ordenó la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre. 

Encinas Rodríguez reveló que se trata del juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien también liberó a 77 presuntos implicados en la desaparición de los normalistas. 

Ante ello, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) aún cuenta con elementos suficientes para apelar esta decisión, la cual calificó como un acto de impunidad. 

A través de redes sociales, el subsecretario pidió que se ejecuten de forma inmediata, las órdenes de aprehensión contra los responsables del crimen. 

Sin embargo, José Luis “A” continuará en la cárcel porque enfrenta otros tres procesos: dos por delincuencia organizada por supuestos vínculos con el grupo criminal, Guerreros Unidos; y otro por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado. 

“Fue un crimen de Estado”

El pasado 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer las conclusiones sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre los que subrayó la colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de gobierno con la policía y la organización criminal Guerreros Unidos. 

A tres años de trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas expuso que no hay indicio alguno de que los 43 estudiantes estén con vida, “fueron arteramente ultimados y desaparecidos”. 

“La llamada verdad historia del gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, sentenció Encinas durante el informe.   

Conclusiones 

1.- La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos de Ayotzinapa” la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. 

2.- Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. 

3.- En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas. 

4.- En ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF. 

5.- El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. 

6.- En ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. 

7.- Que, tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. 

8.- Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531. 

9.- Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en iguala y en Santa Teresa. 

10.- Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos. 

11.- Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin. 

12.- Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. 

13.- Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos. 

14.- No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. 

15.- Que es necesario continuar con la búsqueda en: la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje. 

16.- Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades. 

¿Qué ha pasado con el alcalde de Iguala y su esposa? 

Luego de que 43 estudiantes normalistas desaparecieran en Iguala el 26 de septiembre de 2014, los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos intercambiaron mensajes de texto. 

En esos mensajes intervenidos por la DEA se manifestó la relación que el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis “A”, mantenía con el mencionado grupo criminal. 

El 4 de noviembre de 2014, José Luis “A” y su esposa María de los Ángeles “P”, fueron detenidos en un operativo realizado por autoridades federales, en un domicilio particular en Iztapalapa, en el Distrito Federal. 

El expresidente municipal era buscado por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada. 

Tanto él como su esposa han obtenido diversos triunfos en juzgados federales, pero no han podido evadir la prisión preventiva hasta ahora. 

El exalcalde de Iguala se encuentra en el penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, en Almoloya, en el Estado de México. Su esposa, en cambio, se encuentra en el Penal femenil de Amacuzac, en el estado de Morelos. 

Niegan amparo a hermana y cuñado de José Luis “A” contra orden de aprehensión 

El 1 marzo de 2022, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó un amparo a Roselia “A” y a su esposo Cirilo “L”, hermana y cuñado del exalcalde de Iguala, José Luis “A”, a la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

La jueza Rosa Montaño Martínez, titular del Juzgado, determinó que la orden librada el 5 de abril de 2021, por parte del juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, contra los quejosos, está fundada y motivada. 

De acuerdo a la notificación, la decisión está “ajustada a la legalidad”, porque en las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal hay indicios de que se realizaron diversas operaciones bancarias, con sumas que proceden de una actividad ilícita. 

Y de esto, se agrega, tenía conocimiento el propio inculpado, de que procedían de actividades diversas como son el narcotráfico, secuestro o extorsión, para después de ello, generar diversos cheques a favor de múltiples personas, ya sean físicas o morales. 

De acuerdo con el expediente, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la entonces Procuraduría General de la República, detectó seis cuentas de débito, en las instituciones financieras BBVA Bancomer, Banamex y Scotiabank Inverlat, durante el periodo de diciembre de 2008 a octubre de 2014. 

En dichas cuentas se descubrieron depósitos totales por un monto de 49 millones 421 mil 70 pesos y retiros totales por 50 millones 637 mil 381 pesos. 

Los familiares de Abarca, en prisión por el caso Iguala, ya impugnaron la resolución ante un Tribunal Colegiado, el cual resolverá si confirma o revoca la sentencia de la juez. 

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