En otra larga audiencia, el juez de Control, Humberto Chávez, dictó la vinculación a proceso, con prisión preventiva de un año, al exgobernador priista de Chihuahua, César “D”, presunto responsable de asociación delictuosa y peculado, con un desvío de recursos de más de 96.6 millones de pesos.
Luego de tres días de audiencia de imputación y más de 13 horas de audiencia de vinculación, el juez de Control con residencia en Chihuahua, declaró procedente la detención del exmandatario estatal priista y fijó un plazo de seis meses para concluir con las investigaciones complementarias.
Durante la audiencia del miércoles, iniciada después de las 08:15 horas, tiempo local, la defensa de César “D” pidió al juez desestimar las imputaciones contra su representado.
Aseguraron que no estuvo directamente relacionado con los delitos que se le atribuyen, ya que no dio las órdenes directas, para desviar la cantidad recursos mencionados.
Por su parte, la representación ministerial de la Fiscalía del Estado de Chihuahua solicitó la vinculación a proceso del exgobernador, argumentando que contaban con elementos sólidos para sustentar sus acusaciones contra el imputado.
Una vez agotadas la presentación de pruebas y alegatos de ambas partes, alrededor del medio día, el juez decretó un receso de casi cuatro horas, para revisar toda la información y documentos desahogados.
Tras reanudar la audiencia a las 16:35 horas, tiempo local, por espacio de casi seis horas el juez dio lectura a los argumentos y criterios en que se basó para dictar el auto de vinculación a proceso.
El exgobernador priista fue extraditado el pasado jueves 2 de junio, procedente de Estados Unidos, para ser entregado ese mismo día por la Fiscalía General de la República (FGR) a la justicia del estado.
Al viernes siguiente inició la audiencia de imputación que se prologó por tres días, debido a los padecimientos de César “D” y la lectura de las declaraciones de 57 testigos y siete personas más que participaron en los hechos, pero se apegaron a un criterio de oportunidad, a cambio de colaborar con las autoridades
Los dos delitos por lo que el exgobernador esta sujeto a proceso, corresponden únicamente a las dos órdenes de aprehensión por las que fue extraditado de Estados Unidos, el Gobierno de México tendrá que solicitar a su similar de Estados Unidos la autorización para poderlo juzgar por las otras 19 órdenes de detención que enfrenta en el país.