A casi nueve años del homicidio de la periodista Regina Martínez, la Fiscalía Especial para Atender Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no ha podido atraer el caso a sus oficinas, a pesar de la evidencia entre el crimen y su ejercicio periodístico.
La investigación del asesinato de la comunicadora se vio comprometida a nivel estatal ya que hay claros indicios de obstrucción a la justicia por parte de los inspectores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz”, acusó la investigación El asesinato de Regina Martínez Pérez: Una oportunidad para la Justicia, elaborada por iniciativa de Free Press Unlimited.
Regina Martínez fue asesinada en su casa el 28 de abril de 2012; ella trabajaba en el semanario Proceso como corresponsal en Veracruz, uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo libre.
Seis meses después de su homicidio, el gobierno del estado veracruzano arrestó a un sospechoso: Jorge Antonio Hernández Silva, quien fue enjuiciado entre octubre de 2012 y octubre del 2014 hasta que se logró una condena punitiva. Sin embargo, la investigación de Free Press Unlimited, señaló que el trabajo policial de la fiscalía tiene considerables anomalías.
Durante nuestra investigación, el sospechoso declaró que fue detenido ilegalmente un mes antes de realizar la confesión y recibió instrucciones específicas de la policía con respecto al contenido de ésta. Asimismo, declara que fue torturado para que diese su confesión oficial” explica el documento de Free Press Unlimited.
Otros puntos que se señalan es que hay testigos oculares inexistentes y con declaraciones contradictoras en el caso. Mientras que personas claves cómo, José Adrián Hernández Domínguez (El Jarocho), señalado como sospechoso del homicidio, sigue fugado o en su caso víctima de desaparición forzada.
Nuestra investigación también documenta una serie de amenazas realizadas en los últimos diez años contra periodistas que han indagado sobre el asesinato de Regina Martínez Pérez. Un claro indicio de que había personas interesadas en evitar que la verdad saliese a la luz”, señala el informe de la organización.
El trabajo de la reportera estaba ligado a las violaciones de derechos humanos por parte de esferas políticas y criminales en el estado del Golfo. Según el informe, se debe incluir la relación entre el asesinato de Regina y sus trabajos periodísticos publicados, en concreto con la historia de “Dos Regresos Peligrosos”.
Este reportaje se publicó en la edición 1849 de la Revista Proceso y habla sobre dos exfuncionarios de los últimos gobiernos priistas asociados a la crisis de seguridad y el aumento de grupos paramilitares en Veracruz.
Las recomendaciones del informe que van dirigidas a la FEADLE son la atracción inmediata del caso y la revisión exhaustiva de todos los errores de la investigación a nivel estatal.
A la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero se recomienda iniciar una carpeta de investigación por desaparición forzada al segundo sospechoso del asesinato de la periodista, José Adrián Hernández Domínguez. Y al Gobierno mexicano se le pide que brinde todas las garantías para que las dependencias encargadas del caso logren su misión.
México se encuentra en los últimos lugares (143 de 180) de los países en la clasificación mundial de libertad de prensa. Dentro de sus fronteras se han registrado del año 2000 a la fecha 137 periodistas asesinados y 24 permanecen desaparecidos por su labor informativa. Piden que se reactive el caso sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez