Los temas centrales de este Quinto Foro fueron de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, por lo que sobresalió una postura a favor de las iniciativas para aprobar la despenalización del aborto.
Se llevó a cabo el Quinto Foro Virtual “Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Quintana Roo: por el derecho a decidir” con representantes de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CNDHQROO).
as panelistas estuvieron conformados por Adela Muñiz Guadarrama, Directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Claudia Ramírez, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas; Rebeca Ramos Directora Ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Nira Cárdenas Oliva, Oficial de Derechos Humanos de la ONUDH-México; Volga de Pina Ravest, docente del Instituto de Formación Especializada de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General de la CNDHQROO, en representación del titular Marco Tóh Euán, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
“En México, la mortalidad materna es un problema de discriminación que afecta especialmente a mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las ciudades que no cuentan con seguridad social, y a las mujeres jóvenes de entre 10 o 14 años de edad, niñas”
Adela Muñiz Guadarrama, directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su presentación hizo hincapié en que todos los órganos del Estado tienen la obligación de implementar programas de políticas públicas centradas en los derechos humanos. Consideró que “el aborto en México tiene regulación a nivel local y se considera un delito con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad. Es decir, hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera como delito.”
Sin embargo, tal como señaló Muñiz Guadarrama, los códigos penales de cada entidad establecen cuáles son las excluyente y causas, lo que se traduce en discriminación jurídica ya que las mujeres tienen más o menos derechos, según el lugar en donde vivan. Consideró que en general la ley del aborto en México, es restrictiva y discriminatoria porque además se puede acceder a este servicio de forma legal en dos Estados y su acceso está restringido a mujeres con recursos económicos suficientes.
Rebeca Ramos consideró que “existe una deuda histórica con las mujeres quintarroenses” y que el Congreso tiene la facultad para reformar el código de la entidad y despenalizar el aborto. Consideró que hacerlo sería parte de hacer cumplir los compromisos que tiene México con los tratados internacionales en tema de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Afirmó que “el tipo penal de aborto que se tiene en el Estado castiga un hecho y no una conducta. [Además] como está redactada la causal, es contraria a lo establecido por la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial 046.”
Claudia Ramírez, hizo una rememoración de los marcos y tratados internacionales que han hecho recomendaciones sobre la atención del derecho y los instrumentos legales, que el Estado Mexicano ha firmado y se ha comprometido. Hizo hincapié en que se debe poner sobre la mesa la posibilidad de dar cumplimiento a estos instrumentos. Nira Cárdena y Volga De Pina coincidieron con lo expuesto por la representante del Fondo de Población de la Naciones Unidas, y señalaron la necesidad de que el Estado debe cumplir con sus compromisos porque “hablar de salud sexual y reproductiva es hablar de derechos humanos.”
El representante de la CNDHQROO, Felipe Nieto, destacó que “la penalización del aborto no considera las afectaciones a la integridad física y a la vida de las mujeres ante un embarazo no deseado, criminalizándolas por la decisión de abortar.” Además enfrentan obstáculos institucionales. En esto último señaló como ejemplo de una serie de recomendaciones que hizo la CNDHQROO, en el 2019, en clínicas rurales. En estas encontraron que:
La mayoría de clínicas rurales no cuentan con información visible y clara, ni en lengua maya, para informar sobre la interrupción del embarazo en casos de violación. El personal lo desconocía, en muchos casos, y faltaban formatos para avisar al Ministerio Público. Se recabaron 2 quejas. Parecen pocos casos, pero existe una cifra negra de las mujeres que enfrentan obstáculos […] para interponer quejas ante la negativa del personal de salud, para acceder a este servicio.
Los y las participantes hicieron un llamado al Congreso para la legalización del aborto en el Estado y consideraron que se debe anteponer la decisión individual de las mujeres, niñas y adolescentes, favoreciendo sus derechos humanos, sin que prevalezca la decisión de terceros, ya que es una injerencia arbitraria a su vida privada.
Además, es parte de los compromisos en materia de derechos humanos que México aceptó en los distintos tratados internacionales. Coincidieron en que las restricciones y limitaciones legales y penales ponen en riesgo la vida de las mujeres, principalmente de las que se encuentran en condiciones desfavorecidas.
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