Un total de 17 entidades tienen tipificado como delito la conducta de violación de la intimidad, por lo que existen sanciones con distintas penas que van de 6 meses a 8 años de prisión, sin embargo, se espera que, con la aprobación de la Ley Olimpia a nivel Federal, que se dio hoy, se modifiquen las leyes estatales para castigar y reconocer la violencia digital o ciberviolencia tipificada como delito de violación a la intimidad sexual, que se define como aquellos actos en los que:
La persona que divulgue, distribuya, publique o comercialice imágenes, audios o videos con contenido íntimo, a través de tecnologías de medios digitales sin consentimiento, aprobación o autorización; así mismo, quien videograbe, audiograbe, fotografíe o imprima imágenes, audios o videos con contenido sexual sin consentimiento, aprobación o autorización, será sancionada con penas que van de 3 a 6 años de prisión y se incrementará hasta 9 años, cuando exista una relación sentimental, laboral o de confianza, acompañadas de multas que van de 44 mil 810 a 89 mil 620 pesos.
La pena de cárcel también se aplicará a las personas que reenvíen el material.
Las entidades tendrán seis meses, a partir de la entrada en vigor, para modificar sus leyes estatales.
El caso de ‘Tulipán’ en Mérida, Yucatán: del 2019 a la actualidad, su caso se mantiene en la Fiscalía sin avance.
‘Tulipan’ (el nombre de la víctima fue cambiado por su seguridad) tiene 32 años y una hija pequeña. En entrevista con Once Noticias confiesa, en un tono nervioso, que tiene miedo. Afirma que los últimos dos años han sido muy difíciles para ella y su hija. “Me siento muy mal. Mi hija salió muy afectada, ya no podemos ni ir al parque, porque tengo miedo a salir y que me hagan algo. Me quedé sin trabajo. Esto me sigue afectando mucho. Desconozco quién hizo esto.”
Y es que ‘Tulipán’ fue víctima de un delito que desconocía hasta hace poco: compartieron material visual íntimo sin su consentimiento: “es como si me hubieran hackeado el teléfono. Conversaciones y fotos se las enviaron a todos mis contactos, a mis amigos, a mi familia y hasta compañeros y compañeras del trabajo. Esto provocó que perdiera mi trabajo. Hasta se han infiltrado a los grupos de padres de la escuela de mi hija.”
‘Tulipán’ no sabe con exactitud quién fue, aunque comenta a Once Noticias que recibió amenazas de su expareja al terminar la relación: “el día que terminé con él me dijo que tenía información privada y la iba a subir. Ya no sé, es importante decir que antes de conocer a esta persona ya me acosaban. Pero ya no sé quién es”.
Ha recibido amenazas por medio de llamadas telefónicas que hacen de distintos números, mensajes de texto, correos y whatsapps. ‘Tulipán’ perdió su trabajo debido a la situación.
En octubre del 2019, comenzó otro camino difícil para ‘Tulipán’, ya que ha sido revictimizada constantemente por las autoridades y por los abogados y abogadas, que han tomado el caso.
Su caso, no ha sido resuelto, pese a que, en Yucatán el Código Penal ya contemplaba en su Capítulo V, titulado Delito Contra la Intimidad Personal, en el Artículo 243 Bis 3 que:
A quien hubiera obtenido con la anuencia de otra persona imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de aquella y las revele, publique, difunda o exhiba sin su consentimiento, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio, se le impondrá de un año a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización.
“Fui a denunciar y las abogadas me decían que era mi culpa y sólo tomaban mi declaración. Luego fui al Instituto de la Mujer y ahí medio me ayudaron para que mi carpeta pasara a cibernética, pero las abogadas no querían pasarlo. La abogada del Instituto de la Mujer insistió hasta pasaron mi carpeta. Después regresé y me traían vuelta y vuelta. Me pasaban de un lado para otro. Resulta que mucho tiempo después llegó a la Fiscalía,” dijo con voz temblorosa.
Cabe señalar que la abogada del Instituto de la Mujer le dijo a ‘Tulipán’ que ya no podía continuar en esa institución hasta que tomara terapias obligatorias. Sin embargo, “logré encontrar un trabajo temporal por dos meses y no me daban permiso de faltar, no podía ir a terapia”.
En la Fiscalía su caso no ha avanzado: “me dicen que no se puede, que cibernética no detectó nada. Teniendo toda la evidencia me han dicho que no procede. Como no han hecho nada, la persona me sigue molestando y acosando. Me espían y me mandan mensajes de dónde me vieron y hasta cómo voy vestida. Fui personalmente al área cibernética, para presentar mi caso. Me decían que no podían darme información, hasta que tuvieran mi carpeta.
La última vez que fui a la Fiscalía para darle seguimiento, fue hace tres meses, comparte ‘Tulipán’.
Ya esperé mucho. Me dijeron que un documento estaba perdido y que los de cibernética no encontraron nada. Hasta un abogado me dijo que no era un delito. Me decían que mi caso era de cibernética, pero es muy complicado investigar a todas las personas que estuvieron alrededor. Hasta ahorita no han hecho nada más. Lo que quieren ellos es darle carpetazo. Siempre que los veo dicen que no hay nada, y me dicen “ay, otra vez tú.”
‘Tulipan’ dijo que lo único que quiere es saber quién es esa persona, que se borre el contenido y estar tranquila: “A veces me siento mal, a pesar del tiempo que ha pasado, la persona no deja de molestarme. Mi madre me ha dicho ‘nunca descartes a nadie, cualquiera puede ser”, concluyó.
Y es que ‘Tulipán’ se enteró que se discutía en el Pleno la Ley Olimpia, para su dictaminación federal. Ella busca que su caso sea tomado en cuenta para que se haga justicia, porque ha tenido efectos negativos en su vida laboral, económica, social, psicológica y hasta familiar:
Mi hija y yo no estamos tranquilas. Tengo miedo y ya no sé qué más hacer, porque hasta la fecha le hablan a mis conocidos. Temo conseguir un trabajo y que me hagan lo mismo. He luchado mucho con eso y hasta ahorita no he tenido nada estable. Tengo miedo. Sólo quiero justicia.”
Las defensorasdigitales.org brindan información sobre los protocolos y apoyo para realizar estas denuncias. Asimismo, con la entrada en vigor de Ley Olimpia y su dictaminación federal, las víctimas podrán acceder a la justicia para castigar este tipo de delitos.