El 13 de abril el Senado aprobó por mayoría de votos el dictamen para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, una iniciativa que busca disminuir los delitos por secuestro y extorsión, que en muchos casos ocurren desde cárceles, por medio de teléfonos móviles que son ingresados de forma clandestina.
Sin embargo, la operación de este Padrón trae consigo una serie de implicaciones que han impulsado la oposición de organizaciones y defensores de derechos digitales, por las áreas de oportunidad que hay la garantía de seguridad y protección de datos.
¿Cómo operará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil?
En el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se registrarán usuarios y usuarias en una base de datos al adquirir una tarjeta SIM o una línea telefónica por prepago. Una característica de este Padrón es la utilización datos biométricos, es decir, “datos personales referidos a características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que posibiliten o aseguren su identificación única,” según la definición del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Estos pueden ser imágenes faciales, huellas dactilares o reconocimiento de iris.
Los concesionarios de telecomunicaciones serán responsables de cubrir costos de implementación, mantenimiento y operación, incluyendo los de conectividad a los servidores del Padrón”, tal como se expresó en la iniciativa en el Senado.
Implicaciones del Padrón
La finalidad de esta base de datos es contar con información de las personas titulares de líneas telefónicas móviles, para colaborar con las autoridades de seguridad y justicia, con el objetivo de disminuir delitos de secuestro y extorsión.
Según datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a nivel nacional, las incidencias delictivas registradas por secuestro y extorsion han disminuido, en el período que va del 2017 al 2021:
Año Secuestros Extorsiones
2017 1 149 6 143
2018 1330 6 721
2019 1331 8 734
2020 827 7 960
2021 104 1 191
El 2019 fue el año que registró el mayor número de secuestros y extorsiones, a nivel nacional. El secuestro extorsivo es uno de los delitos más frecuentes. Por otro lado, según una investigación realizada en siete recintos penintenciarios (seis estatales y un centro federal) por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), en el 2016, se encontraron 1 199 equipos de telefonía móvil, 2 585 SIMs y 1 035 equipos con más de 1 SIM, al interior de estos recintos.
Alejandro González, analista tecnológico de DPL Group, compartió en entrevista con Once Noticias que la iniciativa de este Padrón:
Es preocupante desde el punto de vista de la ciudadanía, porque es una versión 2.0 de RENAUT, es muy similar. Se comprobó con este antecedente que no funciona para combatir los delitos de secuestro y extorsión telefónica. RENAUT falló porque se encontró esta base de datos a la venta, en el mercado negro, por 500 pesos y ahí estaban todos los datos de telefonía. Es preocupante porque no existen las garantías de que este nuevo padrón tendrá el control y una protección adecuada.”
El especialista señaló que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano regulador encargado de administrarlo, “ha dicho públicamente que no tienen la capacidad económica y de recursos humanos, para tener y sostener un Padrón como este.” Recalcó que este padrón recolectará datos biométricos, lo que lo considera una evolución tecnológica importante, aunque impone una mayor preocupación porque “los delincuentes no van a registrarse cuando compren una SIM y no van a ir a las concesionarias para registrar sus datos.”
Advierte sobre el probable aumento de delitos de robos de celulares.
Ésa será una de las alternativas que van a tener los delincuentes, porque al no tener opción de comprar sin registrarse, van a aumentar los robos, no por el valor del teléfono en sí, sino porque será más redituable tener los datos para extorsionar.” Asegura que una alternativa es eliminar los datos biométricos.
Alejandro relató a Once Noticias que para sostener un Padrón como éste se requieren recursos económicos suficientes y recursos humanos especializados: “se requieren muchas soluciones tecnológicas como cifrados, de administración de los servidores, crear permisos de quién accederá a la administración de estas bases, así como candados al interior del Instituto y al exterior, para evitar hackeos.”
Al charlar sobre la vulnerabilidad de los datos compartidos en plataformas existentes como las bancarias o incluso redes sociales, el especialista enfatizó que las personas debe ser conscientes de lo que se comparte, “por ejemplo, la banca es una de las industrias más avanzadas en brindar diferentes tipos de servicios online y de recolectar este tipo de información. Esto ha sido un beneficio en el contexto de pandemia; sin embargo, nada nos exenta de la filtración de datos. Tenemos que ser conscientes de lo que compartimos en internet.”
Finalmente, el especialista de DPL Group señaló que con este padrón el gobierno debe ser cuidadoso y otorgar el presupuesto necesario, para la administración, creación y resguardo de los datos de los usuarios.
Actualmente, hay más de 124 millones de líneas móviles y cada uno deberá registrarse. Si no lo haces darán de baja tu línea lo que atenta contra el derecho, de los ciudadanos y ciudadanas, a comunicarte y conectarte. Es una afectación, dijo.
Antecedentes: RENAUT
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se impulsó la iniciativa de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), cuyo objetivo fue que personas usuarias de telefonía móvil registraran sus líneas asociadas a su CURP. Se estableció que si no se cumplía con la fecha límite de registro se suspenderían las líneas. El objetivo de este mecanismo fue concentrar la información de las personas usuarias de telefonía móvil para prevenir, investigar y perseguir los delitos de extorsiones y secuestros en los que se utilizaban teléfonos celulares. Surgió como una de las acciones que se pactaron en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad (2008).
En este entonces, 25.2 millones de personas no se registraron, lo que implicaba la suspensión de un alto número de líneas telefónicas móviles. Además, se registraron datos falsos y la información se filtró y la base se podía comprar. No existían medidas de seguridad y veracidad en este mecanismo. En junio de 2012, la Secretaría de Gobernación eliminó la base de datos de RENAUT. Hasta entonces la base almacenó 98 455 246 números telefónicos asociados a un CURP de usuarios y usuarias.