Este martes, en la segunda “conferencia matutina de los jueces”, magistradas y magistrados justificaron sus decisiones para conceder suspensiones y amparos sobre casos de presuntos políticos y líderes del crimen organizado, que fueron referidos por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.
Al respecto, los juristas insistieron que esos “no conforman el volumen de los casos que resuelven los tribunales”, porque ellos, en su mayoría, resuelven casos de la vida cotidiana “que no han merecido al atención de la Presidenta”, critico la magistrada, Magda Adriana Ortega Ortiz.
Casos expuestos por Segob “son mediáticos”: magistrados
Los magistrados y magistradas dijeron que los casos expuestos por la titular de Segob son mediáticos, pero “si se dimensiona esto, por año se ven un millón 200 mil asuntos; son los que ve el Poder Judicial Federal; lo que se ve aquí es una muestra muy pequeña, que no puede sustentar una reforma de este calado”, dijo el magistrado José Rogelio Alanís.
Dijo que en miles de casos se ha solicitado la modificación de medida cautelar, “son más de 50 mil solicitudes, que se han resuelto a favor de la Fiscalía para mantener la prisión preventiva oficiosa. En menos casos se ha dado la razón a la defensoría”.
Uno de los casos a los que aludieron fue el de Rafael Caro Quintero, a quien se le concedió un amparo para no ser extraditado a Estados Unidos, y al de Héctor “El Güero” Palma, a quien se le otorgó un amparo para reponer su procesos.
“En todos los casos de extradición, el juez tiene que suspender porque así dice la ley. En el caso de Héctor “N”, se le concedió amparo, pero se subsanó el actuar de su defensa. Un juez debe suplir la deficiencia”, señaló el magistrado Alanís.
El magistrado José Rogelio Alanís dijo que, en la suspensión de la extradición de Caro Quintero, la ley establece que se debe conceder, “eso lo determinó el Legislativo, no los jueces. El Legislativo así lo ha decidido y el juez debe suspender, porque así dice la ley”, afirmó.
Otro de los casos mencionados fue el de Ismael “El Mayo” Zambada y el del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda. Al respecto, los magistrados responsabilizaron a la Fiscalía General de la República (FGR) de presentar pruebas periciales incompletas.
“En audiencia del 5 de octubre la Fiscalía no tiene prueba concluyente pericial que estableciera que las muestras de sangre pertenecieran a Héctor “N”, porque las periciales de la Fiscalía las obtuvieron apenas el pasado 17 de octubre, es decir, 12 días después de la solicitud de orden de aprehensión. No tenían esas pruebas y era necesario que las investigaciones continuaran”.
Magistrado desconoce casos donde participó
A esta conferencia, también acudió el magistrado Juan José Olvera, quien negó “conocer” los casos en los que se ordenó la liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona y el amparo al abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado, para dejar sin efecto una de sus acusaciones, aún cuando él mismo participó en ellos.
“Si yo lo hubiera dejado libre, ¿tuviera autoridad para estar aquí sentado?”, cuestionó el magistrado.
Dijo desconocer estos casos, dado que justificó que habían sido resueltos por “otros tribunales”.
“Están mal informados, no me tocó resolverlos, no los conozco yo porque les tocó a otros tribunales de este circuito de Ciudad de México, básicamente el Décimo y el Sexto Tribunales. Están malinformados, esos casos no me tocó resolverlos, no le tocó al tribunal al que estoy adscrito resolverlos. Esa es, así de clara, la respuesta. Fueron otros tribunales, básicamente el décimo y el séptimo, no el primero al que me encuentro adscrito. No conozco los casos”, reiteró.
Sin embargo, el 8 de septiembre de 2023, el Tribunal al que está adscrito el magistrado Juan José Olvera, votó a favor de conceder al fiscal de Morelos la suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva. Fue la segunda ocasión en la que un cuerpo colegiado liberó a Uriel Carmona.
Seguirán en paro
Finalmente, hablaron sobre la continuidad del paro de los trabajadores del Poder Judicial; la magistrada Magda Adriana Ortega Ortiz señaló que no se puede cuestionar el derecho a la protesta.
“No estamos en paro, estamos en una reducción de actividades”, aclaró la magistrada.
El magistrado Alanís abundó que ellos defienden al Poder Judicial, “nos pagan por hacer guardar la Constitución y es lo que estamos haciendo atendiendo los casos urgentes y defendiendo la independencia del Poder Judicial”, dijo.
Tras la exposición que hizo el lunes la secretaria de Gobernación, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre jueces y magistrados que han beneficiado a estos personajes, hoy los juristas respondieron a dichos señalamientos con su segunda conferencia matutina.