La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró que la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) debería eliminarse porque es violatoria del derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal.
Esto a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta si esta figura es o no constitucional.
Recordó que esta medida cautelar es la más restrictiva de todas, por lo que su imposición tendría que ser decisión del juez, y dependiendo el caso.
La ONUDH indicó que su posicionamiento ya fue presentado ante la Suprema Corte.
La organización recordó que en diciembre de 2019 el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la prisión preventiva oficiosa ya que no cumple con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 9 y 14, relacionados con el derecho a la libertad y a la seguridad personal, así como en contra de las detenciones arbitrarias. Además lamentó que esta figura se haya extendido a otros delitos con la reforma constitucional de abril de 2019.
Por su parte, en sus observaciones a México en 2019, el Comité de la ONU contra la Tortura expuso que el Estado parte debía “enmendar o derogar los preceptos constitucionales que disponen la prisión preventiva obligatoria para ciertos delitos”.
Igualmente la ONU-DH recordó que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en 2018 llamó a México para que derogue la norma constitucional y legislativa que ordena la prisión preventiva automática o al menos la modifique de acuerdo al Pacto Internacional.
Finalmente, en 2019, al término de su visita a México, la entonces Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, cuestionó “extensión del catálogo al que se le aplica la prisión preventiva oficiosa, figura que trastoca la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”.