Organizaciones de la sociedad civil demandan que Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargue del caso de Kenia Inés Hernández Montalván, defensora de derechos humanos, sentenciada a 10 años y 6 meses de prisión por el supuesto delito de “ataque a las vías de comunicación”. Dicha demanda se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara, en su habitual conferencia de prensa matutina del 24 de febrero, información sobre el caso de la defensora y que sería la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de su titular, quien se haría cargo de él. La defensora se encuentra en la actualidad privada de su libertad en el penal de máxima seguridad CEFERESO 16 Femenil, en el estado de Morelos. El pasado 19 de febrero, en el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue sentenciada por su presunta responsabilidad en el delito de “ataque a las vías de comunicación”. Las organizaciones denunciantes, entre las que destaca el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señalan que durante las audiencias “la representante de la CAPUFE y el juez a cargo del caso, han referido a Kenia […] como ‘una mujer peligrosa e insumisa’ que necesita cárcel preventiva para evitar el ejercicio de los derechos a la protesta social, asociación y libertad de expresión”. Además, enfatizan que Kenia fue privada de su libertad bajo hostigamiento judicial, fue víctima de violencia institucional y de género, por lo que solicitan de manera urgente una mesa de diálogo y la libertad inmediata de la defensora. Kenia Hernández es una abogada feminista, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero. Es una mujer indígena amuzga. Ella, como muchas otras personas de esta entidad, es víctima del desplazamiento forzado debido a amenazas de muerte por parte del crimen organizado. En 2019, fue incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y una de las dirigentes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. La activista y defensora fue detenida por primera vez el 6 de junio de 2020 en la caseta La Hortaliza en la carretera Toluca – Valle de Bravo, días después fue liberada; sin embargo, el hostigamiento y criminalización hacia su persona y su activismo continuó. El 18 de octubre de 2020, fue detenida, en el Municipio de Amozoc, Puebla, por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado de México. Unos días después fue traslada al penal de máxima seguridad en Morelos.