La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (CEAS-Puebla) otorgó el “perdón” al defensor del medioambiente, Miguel López, por dos de los tres cargos de los que se le acusaba, y de los que ya había sido absuelto en 2020.
Miguel fue absuelto por daños a la propiedad ajena y por la supuesta quema de una camioneta del CEAS. No obstante, en el año 2020, ya había sido absuelto por esos mismos cargos. Ante esto el Ministerio Público pidió un plazo de diez días para dar resolución al caso en audiencia.
La tarde de este miércoles, se llevó a cabo la audiencia sobre el caso del ambientalista y locutor de radio indígena en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, en Puebla, lugar al que acudieron desde muy temprano su familia e integrantes de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT) y Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa para apoyar al defensor.
También asistieron observadores de Derechos Humanos como Serapaz México, Red TDT e internacionales, como Peace Brigades International-México, para atestiguar la audiencia.
Además, estuvieron representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la vocera del Consejo Nacional Indígena (CNI), María de Jesús Patricio, conocida como “Marichuy”, quien fue una de las quince personas que ingresó a la audiencia.
Esa concentración fue parte de las diversas actividades que realizaron los Pueblos Unidos para exigir el cese de represión en contra de Miguel López, quien fue detenido el 24 de enero de 2020 e inculpado por tres delitos: obstrucción de obra pública, daño a las vías de comunicación y daño a los medios de transporte por medio de una supuesta bomba molotov (que se equipara al uso de explosivos).
Unos días más tarde, según recordaron sus compañeros y compañeras, el 29 de enero de ese mismo año, López Vega fue liberado y absuelto en dos delitos.
No obstante, a tres años de esos hechos, el Tribunal Superior de Justicia en Puebla dictaminó volver a juzgar a Miguel por los mismos delitos, ordenando reponer el procedimiento desde el inicio bajo el argumento de que CEAS-Puebla no fue citada a la audiencia inicial.
Las consignas de apoyo no faltaron, así como tampoco la música para acompañar al defensor, quien al ingresar a las instalaciones de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula dijo que la ley de los pueblos tenía que estar por encima de instituciones corruptas. Además, agregó que la lucha no era individual sino colectiva.
Al salir de la audiencia, el defensor del Río Metlapanapa criticó el actuar de la CEAS-Puebla dado que le dieron perdón como si se reconociera que fuera delincuente.
“Buscaron una salida alterna, así le llaman ellos. Usaron un concepto raro que tiene que ver con reparación indemnato. Dicen que me perdonan como si yo fuera el delincuente. Comentamos que si esa era una forma de desistir y de culpar a mi persona, pues que aceptamos a que ellos desistieran de esas acusaciones”, señaló Miguel López Vega ante los medios de comunicación.
Agregó al señalar la Casa de Justicia que esa dependencia que es un monumento a la corrupción y que la resolución de su caso no era porque esa institución los apoyara, sino que fue una respuesta a la organización de los pueblos.
“Del apoyo, de firmas, comunicados y audios, sobre eso seguir caminando y apoyando a los compas que estén en las cárceles y seguir luchando. La lucha es por la vida, por el agua, nuestro camino está bien dirigido”, agregó el defensor.
Hace unos días los defensores de los pueblos habían denunciado que la actuación del Tribunal respondía a la presión por parte de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (CEAS), dado que pretende reactivar las obras de un colector de desechos industriales que desemboca al río Metlapanapa, afluente del río Atoyac.
Esa obra fue presentada desde el año 2013 por el Corredor Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo en coordinación con los municipios de Juan C. Bonilla, Huejotzingo y la CEAS. En el año 2019, los habitantes de trece pueblos que colindan al río Metlapanapa frenaron esta obra dado que representa un riesgo de salud, acusaron en ese momento.
En ese entonces, los empresarios de Ciudad Textil, la CEAS-Puebla, el gobierno Estatal y municipal de Huejotzingo y Juan C. Bonilla, pretendieron concretar ese proyecto, por lo que los pueblos se opusieron y fueron reprimidos el 30 de octubre de ese año 2019 por la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército. Un año más tarde, Miguel fue detenido.
En la actualidad el corredor industrial desecha metales pesados como plomo, arsénico, cianuro, zinc y otros químicos a los mantos acuíferos de Juan C. Bonilla, en Puebla, y llega hasta Tlaxcala, donde corre el Río Atoyac, el segundo río más contaminado de México.
“A pesar que estos metales tienen gran riesgo de provocar enfermedades mortales como cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, abortos, infertilidad y diversidad de tumores y enfermedades gastrointestinales”, dijeron los manifestantes en conferencia de prensa.