De acuerdo con Ricardo Andrade Cerezo, presidente de la Fundación Pies Secos, la estructura demográfica de la migración poblana en Estados Unidos atraviesa un cambio histórico: de una comunidad que alcanza los tres millones de personas, aproximadamente 500 mil individuos pertenece ya a la tercera edad.
Esta primera generación de migrantes, que ahora rebasa los 60 años, enfrenta una encrucijada marcada por el deterioro de su movilidad física y la carencia de protección médica, factores que complican su permanencia en un país donde, a pesar de haber consolidado familias y redes de vida durante décadas, el sistema de bienestar no siempre les da cobertura.
Desigualdad jurídica y vulnerabilidad en el retiro
La situación legal divide drásticamente la calidad de vida de la población mayor de 60 años. Según los datos de la organización, existe una brecha crítica entre los 250 mil migrantes que han obtenido la ciudadanía estadounidense y con ello el acceso a programas sociales y pensiones, y los más de 200 mil que permanecen en un estatus irregular.
Para este último grupo, la falta de una reforma migratoria se traduce en servicios de salud sumamente restringidos y la imposibilidad de acceder a esquemas de retiro formal, lo que posterga su bienestar en espera de una regularización que les otorgue los mismos derechos que a sus connacionales naturalizados.
Esta realidad local se inserta en un contexto nacional más amplio reportado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), el cual estima que la población de origen mexicano en Estados Unidos asciende a 41.9 millones de personas.
De este gran total, el 22% ya se encuentra en el rango de los 60 años o más, lo que confirma que el envejecimiento de la diáspora es un fenómeno generalizado que impone nuevos retos de asistencia social y salud pública para ambos lados de la frontera.