El llamado “Plan B” de la Reforma Electoral fue aprobado hace unos días ante las inconsistencias que, durante años, se estima realizaron consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que este plan establece la reducción, fusión y reestructuración de diversas áreas del órgano electoral.
Lo anterior significa un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos, lo cual obligará a que consejeras y consejeros reduzcan sus percepciones y salarios. De hecho, el plan demanda a una retabulación de salarios, se eliminan fidecomisos, que permitían a esta entidad retener recursos públicos de manera muy poco transparente.
Además, este plan garantiza la protección de los derechos electorales de las minorías, como el derecho al voto de personas con discapacidad, la paridad de género en candidaturas, y busca también reducir los riesgos de fraudes electorales.
También establece que los partidos puedan guardar los remanentes de recursos, ya sean públicos o privados, que no utilicen en un año para el periodo siguiente. Hasta ahora estaban obligados a devolverlos a la Tesorería de la Federación.
La reducción de la estructura administrativa del INE es el punto más polémico de esta plan, que hizo cuestionar su operación al órgano electora y la oposición. Es necesario recordar que consejeras y consejeros del Instituto nunca aceptaron reducir sus salarios, ni aplicar la Ley de Austeridad en diversas áreas.
De igual manera, establece una reducción del concepto desarrollado en la ley de lo que es la propaganda gubernamental, es decir que lo que no se etiquete en los presupuestos como propaganda no será considerada como tal, a pesar de que utilice fondos públicos, por lo que la reforma limitad además la capacidad del árbitro electoral de sancionar a los funcionarios que públicamente se expresen a favor de un candidato.
Asimismo, dentro del “Plan B” se eliminó la cláusula de la vida eterna a los partidos, con la que se permitía que en una coalición de partidos con mayor votación le pudieran transferir sufragios al partido con menos votos y con ellos evitar que perdiera el registro.
En ese sentido, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta destacó que todos los partidos políticos con registro son entes de interés público e instituciones que tienen derechos y obligaciones, por lo que tienen que transparentar el ejercicio de sus prerrogativas y están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía.
El senador por Morena explicó que de acuerdo a las reformas electorales del llamado “Plan B”, en la Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos que no participen en elecciones, están obligados a generar y reportar economía.
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