El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma a la Constitución local para quitarle funciones al gobernador Samuel García Sepúlveda.
Dentro del paquete de reformas probadas por las y los legisladores está el que ya no podrá vetar al candidato para ser fiscal, tendrá que avisar y solicitar permiso al Congreso para salir de viaje y los legisladores podrán destituir al Gabinete del gobernador, entre otros.
Diputados de Movimiento Ciudadano (MC), acusan que el PRI y PAN buscan cogobernar en el estado.
La oposición dijo que con esto se puso freno a las ilegalidades cometidas por Samuel García Sepúlveda quien ha transgredido la Constitución.
Hicimos cambios en cuanto a la Fiscalía General, a las cuentas inembargables de los municipios, como abuso del Ejecutivo. La designación de funcionarios”, dijo Carlos de la Fuente, coordinador de la fracción del PAN.
PRI denuncia ante la ASF a Samuel García
El pasado 4 de noviembre de 2022, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF), una denuncia contra del gobernador por impedir, obstaculizar y retrasar la entrega de millones de pesos de partidas de recursos estatales en perjuicio de 25 municipios de aquella entidad.
Las y los diputados del PRI por Nuevo León también establecieron que el gobernador estatal de Movimiento Ciudadano incurrió en el injustificado requerimiento, embargo y ejecución de las cuentas bancarias de dichas municipalidades, contraviniendo la constitución.
Aseguraron que Samuel García actuó en forma ilegal, dolosa, temeraria y arbitraria, con fines meramente políticos, pues a la fecha no les ha hecho las transferencias de recursos públicos correspondientes a aportaciones federales del ramo 33 de infraestructura, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), en materia de seguridad.
Además, acusaron que el gobernador neoleonés requirió a las municipalidades en comento el pago inmediato de un supuesto incumplimiento por concepto del impuesto sobre nóminas y que el día 3 de noviembre ordenó la ejecución y embargo de las cuentas bancarias, de ahorro, cheques e inversión, fideicomisos y cajas de seguridad de dichos municipios.
Por ello, pidieron a la Auditoría Superior emprender las acciones legales correspondientes e informar a la Cámara de Diputados, así como promover el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y políticas, a que haya lugar contra Samuel García.