La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámites las primeras acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos y diputados de oposición contra el llamado “Plan B“, en las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con la notificación, el ministro a cargo, Alberto Pérez Dayán, concedió en ambos recursos de impugnación la suspensión para que ambas reformas publicadas el 27 de diciembre de 2022, no apliquen en el Estado de México y Coahuila, donde este año habrá elecciones para gobernador.
El ministro Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados federales y senadores de oposición, así como por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, mientras que la que interpuso el partido local de Jalisco “Hagamos”, fue desechada.
Para el ministro resulta procedente otorgar la suspensión, ya que de aplicarse dichas reformas en los procesos electorales en cuestión podría afectarse los resultados de los procesos electorales.
Pérez Dayán agregó que de no concederse la medida cautelar se ocasionaría un daño a la sociedad, pues se modificarían las reglas previstas para los procesos electorales que se desarrollan en el país.
Destacó además que el decreto impugnado se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo del Artículo 105 de la Constitución.
Al pasado 18 de febrero, el Alto Tribunal ha recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el Plan B, de las cuales 7 acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias fueron turnadas a la ponencia del ministro Pérez Dayán, quien en los próximos días deberá resolver si admite o no, a trámite el resto de los medios de reclamación.