La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los senadores de oposición, contra la reforma del Poder Judicial, donde se plantea extender hasta 2024 la gestión de Arturo Zaldívar como presidente del máximo tribunal del país y del Consejo de la Judicatura Federal.
Sin embargo, el ministro Fernando Franco González Salas, encargado de elaborar el proyecto de sentencia sobre el caso, rechazó dar a la demanda de inconstitucionalidad, el carácter de preferente, como lo solicitaron en su escrito los legisladores.
Ello, consideró, porque la consulta sobre la ampliación del mandato y la acción de inconstitucionalidad son asuntos diferentes que se tramitan por vías separadas, además de que no existe precepto legal alguno que autorice el estudio preferente de uno con respecto al otro.
En la notificación, el ministro ponente explicó que la consulta planteada por el presidente de la Corte, exige una posible interpretación y aplicación de los artículos 97 y 100 Constitucionales en relación con el artículo décimo tercero reclamado, en atención a las atribuciones del Pleno de la Corte para dirimir cualquier controversia al interior del Poder Judicial.
En cambio, agregó, a través de la acción de inconstitucionalidad se plantea un auténtico procedimiento seguido en forma de juicio, donde se reciben los informes de las autoridades legislativas, así como los alegatos respectivos para el efecto de cerrar instrucción, y cuyos efectos en su caso, podrían ser desestimar, reconocer la validez o declarar la invalidez de la norma impugnada.
González Salas dio un plazo de 15 días hábiles para que el Ejecutivo Federal y el Congreso, remitan sus informes respectivos, así como copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y del Diario Oficial de la Federación en el que conste su publicación.
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