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SCJN ordena a Hacienda entregar información financiera de “Pegasus”

Suprema Corte ratifica resolución del INAI y ordena a Hacienda entregar las operaciones financieras de los contratos para adquirir el software de espionaje "Pegasus".

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes por mayoría, ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transparentar todas las operaciones financieras, relacionadas con los contratos del software de espionaje llamado “Pegasus”, por no acreditar su reserva por seguridad nacional.

En sesión plenaria, con 9 votos a favor y 2 en contra de las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, el pleno del máximo Tribunal ratificó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ordena entregar una versión pública de toda la información sobre el caso “Pegasus”.

La mayoría de las y los ministros calificaron como infundados los recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, interpuestos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Esto es, en contra de las resoluciones del 10 y 17 de noviembre de 2021 del INAI y los recursos de revisión en los que el organismo autónomo instruyó a la Secretaría de Hacienda a entregar la información concerniente a los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras.

Así como los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos y pagos electrónicos interbancarios, relacionados con la contratación del programa “Pegasus”.

Razones por las que Hacienda debe entregar la información de “Pegasus”

La Corte determinó que no se encuentra acreditada la reserva de la información por razones de seguridad nacional, entre otras, por las siguientes razones:

  1. La clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto que la emite o las atribuciones de éste, aun cuando cuente con facultades relacionadas con la seguridad nacional, como es el caso de la unidad de inteligencia financiera.
  2. Para la mayoría de las y los ministros del pleno, la Consejería Jurídica fue omisa en demostrar por qué la divulgación de la información solicitada implicaría que se afecten las operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
  3. Además de que la información solicitada, argumentaron, no se generó mediante el ejercicio de facultades de investigación, ni resulta propia de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que se desarrollan en el marco de la seguridad nacional.

 

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