Nacional

Senado recibe iniciativas para reforzar estrategia contra desaparición de personas

Las medidas impulsadas por el ejecutivo buscan mejorar la respuesta de búsqueda ante ese delito.

El Senado recibió el paquete de iniciativas de reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la estrategia federal contra la desaparición de personas.

La medidas, impulsadas por el Ejecutivo modifican la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas.

También buscan reformar la Ley general de población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Puntos centrales

Las modificaciones impulsadas por Sheinbaum plantean:

  • Establecer una alerta o ficha de búsqueda que se activaría en todo el país para la búsqueda, localización e identificación de las personas, ante noticias, denuncias o reportes de personas desaparecidas o no localizadas.
  • Difundir masivamente la ficha de búsqueda, por todos los medios disponibles, como canales de televisión y estaciones públicas de radio.
  • Crear la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
  • Crear una plataforma única de identidad como herramienta para la consulta, validación y gestión de claves únicas de registro de población (CURP).
  • La CURP deberá incorporar datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía.
  • La credencial del INE permitirá a la Fiscalía General de la República, Fiscalías estatales e instituciones de seguridad pública la consulta inmediata de datos biométricos.
  • En el marco penal, las personas que no participen directamente en la privación de la libertad o de la vida de las víctimas y que aporten información relevante sobre los hechos recibirán penas de ocho a 12 años de prisión.

Protección de los derechos humanos

La desaparición de personas se ha convertido en un problema que desde hace años afecta al mundo entero, además de constituir una grave violación a los derechos humanos, se argumenta en el documento remitido a la Cámara Alta.

En México, amplía el texto, el delito está vinculado a la delincuencia organizada, por lo que es imprescindible la actuación inmediata de las autoridades.

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