El senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Narro, informó que presentará iniciativas ante el Senado de la República para que la violencia vicaria sea considerada como delito grave y se aplique la prisión preventiva oficiosa a quien cometa este ilícito.
“Es indispensable legislar para eliminar las agresiones físicas, psicológicas, emocionales y económicas contra la mujer; por ello, es muy importante esta lucha de ellas y de los colectivos por acabar con estas prácticas y la vieja cultura patriarcal de persecución, discriminación y abandono”, resaltó.Por su parte, en la misma conferencia de prensa, Mónica Peiro, madre originaria de Durango detalló que las adversidades en su matrimonio como consecuencia de la violencia vicaria, que ahora afecta a sus hijas surgieron en 2019, cuando decidió separarse de su exesposo. “En octubre de 2019 solicité el divorcio a mi entonces esposo, el 29 de noviembre de 2019, viernes a las dos de la tarde fui castigada por mi exesposo, tras haber solicitado el divorcio, con la sustracción de mis hijas, de entonces 3 y 4 años de edad. Sustracción que se dio fuera del estado y escúchenlo bien, con el conocimiento, consentimiento y colaboración de instancias gubernamentales del estado como el DIF, la Fiscalía del estado y el Juzgado familiar”, indicó. Durante su exposición, resaltó que el Juez de lo Familiar en Durango le concedió la custodia de sus hijas al padre, a pesar, dijo, de haberlas sustraído.
“Nos dejaron a mis hijas y a mí en estado de indefensión, pero gracias a la labor de mis abogados y de mi hermosa familia, el sustractor fue vinculado a proceso, se declaró culpable, pero no lo castigaron y ¿Qué sucedió después? Porque el delito de sustracción no fue castigado con prisión y con el retiro de la patria potestad, mis hijas vivieron violencia sexual. Por denunciar estos delitos aberrantes (…) inició una violencia institucional en mi contra”, denunció.La madre acusó que “el influyentismo” cobijo al padre de sus hijas, pues se trata, agregó, de un empresario que financió la campaña del ahora gobernador, José Rosas Aispuro, por ello, resaltó fue vinculada a proceso. “El próximo 30 de junio se va a dictar una sentencia en mi contra solamente por haber exigido justicia para mis hijas, en este momento estoy siendo perseguida por el estado de Durango”, indicó. Sobre este tema, el legislador, Narro Céspedes resaltó que solicitará al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero atraer este caso y que se emitan medidas cautelares para la protección de ella y de sus hijas. En su turno, la diputada por Morena Aleida Alavez resaltó que tanto la violencia vicaria como las leyes sobre deudores alimenticios tienen que ser atendidas de manera inmediata por el Congreso de la Unión. Al mismo tiempo invitó a los Congresos estatales a atender este tema.
“Hay varias iniciativas sobre violencia vicaría sobre pensiones alimentarias que tenemos que elevar a rango constitucional”, apuntó.Por su parte, las activistas de la Red Nacional de Colectivas de Violencia Vicaria destacaron el apoyo que han recibido desde el Senado, por parte del legislador Narro Céspedes. Además, dijeron que este tipo de violencia ha existido durante décadas, pero hasta ahora se está visibilizando para poder atenderse.