Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús “M”, exprocurador General de la República.
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.
La referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades. Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017 la PEP recibió $2.8 MDD por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021 la PEP colocó en el extranjero $26.5 MDP en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022 estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.