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Van 116 personas detenidas y vinculadas a proceso por caso Ayotzinapa

Afirma Comisión para la Verdad que la judicialización y procesos abiertos al escrutinio público, representan una nueva etapa en la justicia social de México.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa dio a conocer que a la fecha se ha logrado detener y vincular a proceso penal a 116 personas por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.

La institución realizó un recuento en el que detalla que del total de detenidos 32 son integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, así como exfuncionarios como el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el exdirector Antisecuestro de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez, así como el exministerio público de esa misma corporación. 

“Además 14 elementos de la Sedena detenidos, entre ellos un excomandante del 27 Batallón de Infantería, uno del 41 Batallón, un capitán, un teniente y 10 soldados, a esto suma un elemento de la Secretaría de Marina”, dice el informe. 

Asimismo, detalla que por parte del estado de Guerrero, se encuentran en prisión el exsecretario de seguridad pública local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; la expresidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda; así como 49 policías municipales, dos de ellos de Cocula, nueve de Huitzuco y 38 de Iguala. También siete estatales, cuatro federales y tres federales ministeriales.

Agrega que durante este proceso de judicialización, otras 77 personas involucradas, de 169 consignadas, han sido exoneradas por jueces. 

“Cabe recordar que el Presidente ha reiterado en diversas ocasiones en la solicitud de extradición por tortura y otros delitos de Tomás Zerón, quien huyó a Israel para evadir la acción de la justicia. Con estas acciones el compromiso del presidente López Obrador por combatir la impunidad se convierte en hechos”, agrega el reporte que publicó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. 

Añadió que la judicialización y procesos abiertos al escrutinio público, representan una nueva etapa en la justicia social de México.

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