En solo dos años, 140 magistrados y jueces han sido removidos de sus cargos y, por lo menos, una veintena suspendidos o inhabilitados. Entre estos, seis fueron denunciados penalmente por diversos actos de corrupción, como nepotismo y acoso sexual, así como presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Bajo este estigma de corrupción, y de acuerdo con los registros e informes oficiales del propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pese a las críticas y denuncias, a los cambios anunciados por su presidente, Arturo Zaldívar, y la publicación el pasado 11 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la llamada “Reforma con y para el Poder Judicial”, los indicios, y señalamiento de acciones indebidas en el Poder Judicial de la Federación, parecen no tener fin.
Han sido insuficientes los esfuerzos de Zaldívar Lelo de Larrea para depurar el sector y terminar con los malos impartidores de justicia.
Apenas iniciada su gestión, en febrero de 2019 fue destituido por corrupción, Anuar González Hemadi, juez de distrito en Veracruz, por amparar a Diego Gabriel Cruz, acusado de pederastia en agravio de una joven.
Además, en febrero de 2019, sin hacer públicos los nombres, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a otros dos magistrados federales de circuito en Campeche, bajo los cargos de “notoria ineptitud y faltas en la presentación de su declaración patrimonial”.
En ese ejercicio, el 17 de mayo, la judicatura suspendió al magistrado, Isidro “A”, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y probables vínculos con el narcotráfico.
Fue acusado tanto en México como en Estados Unidos de liberar en forma ilegal a Rubén Oseguera González, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito.
El 5 junio de 2019, Luz María Ortega Tlapa, jueza de distrito de amparo en materia penal, frenó temporalmente la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio “L, concediéndole la suspensión definitiva en un amparo promovido por el exfuncionario.
En octubre de 2019, el Consejo de la Judicatura suspendió al magistrado, Jorge Camero Ocampo, para investigarlo por presuntamente pertenecer a una red de corrupción. Era el encargado de revisar las suspensiones contra la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, en la base militar de Santa Lucía.
El 30 octubre del mismo año, la judicatura suspendió por seis meses a la magistrada federal en el Estado de México, Olga María Arellano, por presunto abuso de sus funciones, luego de que cambió las actividades del personal adscrito a su cargo sin justificación. Ordenó también la reaprehensión de los militares implicados en el caso Tlatlaya.
En diciembre de 2019, el presidente de la Corte reportaría en su informe de actividades la remoción de 98 jueces por diversas conductas irregulares.