Entre los meses de abril y mayo de 2011 en San Fernando, Tamaulipas, se localizaron cerca de 196 restos en 48 fosas clandestinas. Los cuerpos hallados tenían marcas de tortura y ejecución arbitraria. Las víctimas eran, en su mayoría, personas migrantes de diversas nacionalidades, que viajaban rumbo hacia Estados Unidos, a través de un paso conocido como la ruta del Golfo.
En la actualidad, aún quedan 66 restos de personas por identificar. En su mayoría había gente de origen mexicano y centroamericano.
En aquel momento, de acuerdo con las investigaciones, se detuvieron a 74 personas que estaban vinculadas al Cártel de Los Zetas. De éstas, 17 eran policías municipales vinculados al narco. Sin embargo, no hubo sentencias, pese a los cargos de: homicidio, uso de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.
En 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) y al Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “por violaciones graves al derecho humano al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la verdad, en agravio de las víctimas”.
Once Noticias conversó con Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora ejecutiva de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización que trabaja con familias de las víctimas, a propósito de los 10 años que cumplieron los hallazgos de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.
Mientras haya impunidad se sigue mandando un mensaje de que la violencia hacia las personas migrantes está permitida”, declaró Lorena Delgadillo.
Esta masacre se suma a una lista de otras: la Masacre de los 72 migrantes en San Fernando, ocurrida en 2010; la Masacre de 49 personas en Caderyta, en 2012; la Masacre de Güémez, donde se localizaron 16 restos, en 2015, y la reciente Masacre de Camargo, registrada a principios de este 2021. En todas ellas las víctimas fueron personas migrantes.
Lorena destacó que el caso continúa impune, lo que ha imposibilitado que las familias accedan a la verdad, para saber realmente qué pasó, a la justicia y a la reparación del daño.
Compartió reflexiones sobre el trabajo que se ha realizado con las autoridades y con las familias. Reveló, además, datos relevantes sobre la migración en México y sobre las vulnerabilidades a las que están expuestas al atravesar ciudades fronterizas.
La directora de la Fundación invitó al público a consultar su informe de investigación sobre el “Contexto de riesgo y violaciones a los Derechos Humanos de personas sujetas al programa Quédate en México”, así como su “Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues en México”.
Once Noticias te invita a escuchar la entrevista completa.