Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma para reconocer el derecho de las víctimas que pertenecen a comunidades indígenas, a contar con traductores lingüísticos que las asesoren jurídicamente.
El dictamen establece que la víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva o a las comisiones respectivas, un intérprete o traductor lingüístico cuando no comprenda el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual.
Proyecto
Dispone que la Asesoría Jurídica estará integrada, además de asesores jurídicos y peritos, por intérpretes o traductores lingüísticos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.
El proyecto, que fue aprobado con 87 votos y enviado al Ejecutivo Federal, modifica los artículos 166, 168 y 170 de la Ley General de Víctimas.
Además, plantea que las entidades federativas también deberán contar con intérpretes o traductores lingüísticos que darán atención a las víctimas que no comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual.
La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, subrayó que el Estado debe garantizar, proteger y atender los derechos de las comunidades indígenas y de personas con discapacidad, el acceso pleno a la justicia y al debido proceso, para eliminar las barreras que dañen los derechos comunales e individuales de los pueblos originarios.