Órale, todos al suelo, al suelo… tírense abajo.
Y así como la crisis económica fue el sello del gobierno de Ernesto Zedillo, también lo fue la represión contra movimientos sociales, grupos insurgentes y civiles indefensos.
Una responsabilidad que comparten en la cadena de mando, miembros de su gabinete, ex generales de las fuerzas armadas, gobernadores y autoridades locales.
Las masacres de Aguas Blancas, El Charco y Acteal, donde fueron acribilladas más de 70 personas, ilustran una de las épocas negras en materia de derechos humanos en México.
Hagamos memoria, el 28 de junio de 1995, militantes de la organización campesina de la sierra del sur, en Guerrero, preparaban una manifestación en el municipio de Atoyac de Álvarez, en el paraje conocido como Aguas Blancas son interceptados por presuntos agentes judiciales, y se desata el infierno.
El video completo difundido por el periodista Ricardo Rocha echa por tierra una versión editada que dio a conocer la administración del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, donde fueron sembradas armas a los campesinos acribillados.
En su informe del caso aguas blancas, la CNDH concluyó que los agresores dispararon durante 20 minutos contra hombres y mujeres indefensos.
“Marcan un alto al camión y de manera sorpresiva empiezan a disparar a mansalva, asesinando a 17 compañeros, hay algunos compañeros que tienen el tiro de gracia’’, afirmó Norma Mesino, integrante de la organización Campesina de la Sierra Sur.
En marzo de 1996 Rubén Figueroa pidió licencia, jamás pisó la cárcel por el caso Aguas Blancas y tampoco los funcionarios involucrados, como el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fuera su asesor y uno de los principales responsables de la guerra sucia en la década de los 70.
Otro de los símbolos de la represión en el gobierno de Ernesto Zedillo se registró el 22 de diciembre de 1997.
En vísperas de navidad, 45 integrantes de la organización Las Abejas son masacrados en la Ermita de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, hombres, mujeres, algunas embarazadas, y niños llevan dos días de oración. son indígenas tzotziles y católicos, simpatizan con los zapatistas, pero no pertenecen al movimiento insurgente. ellos proclaman la paz.
Clarea la mañana cuando decenas de paramilitares vestidos de negro ingresan al templo con machetes y armas largas que descargan con demencia contra la multitud.
Estábamos aquí amontonados los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas. los niños empezaron a gritar, a llorar, tenían muchos miedos’’, dijo Juan Vázquez, sobreviviente de la masacre de Acteal.
Por su parte, Sebastián Pérez, expresidente de Las Abejas de Acteal, dijo que “en ese tiempo había 4 mujeres embarazadas, tuvieron que abrir el vientre de la mujeres y le sacaron el bebé y lo despedazaron’’.
Guadalupe Vázquez, tenía 10 años y pudo escapar de aquella carnicería, pero perdió a nueve familiares, entre ellos a sus padres, desde las montañas de Chiapas clama justicia.
Nuestros 45 hermanos, más 4 bebés no nacidos dieron la vida por la vida, para que la vida siga continuando’’, dijo Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal.
“Mataron el cuerpo, no el alma, no el espíritu. hoy ese espíritu que desde donde quiera que esté va a seguir exigiendo justicia, va a seguir clamando justicia’’, afirmó dijo Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal.
Estos hechos se ubican como parte de la política emprendida por el gobierno de Zedillo contra el ejército zapatista: la promoción de grupos paramilitares para contrarrestar la insurgencia. uno de esos grupos es “paz y justicia”, vinculado al PRI y señalado de matar a un centenar de indígenas de la región.
Luego de la masacre de Acteal, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, presentó su renuncia alegando motivos personales. así reconoció Zedillo sus buenos oficios.
Al lamentar su decisión, no puedo sino expresar mi gratitud como presidente y ciudadano por los valiosos servicios que él ha dado al gobierno que encabezo’’, dijo en el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en enero de 1998.
La CNDH reveló que el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas deliberadamente dejaron de intervenir, aunque había presencia de ambas instituciones a corta distancia de la masacre. ¿por qué? razones de Estado.
La represión no paró. el 7 de junio de 1998 un contingente militar abatió a 11 mujeres y hombres en la comunidad de El Charco, Guerrero, presuntos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el ERPI.
Sin embargo, el testimonio de la estudiante Érika Zamora, una de las sobrevivientes, contradijo la versión oficial: se trataba de civiles.
Zedillo evitó referirse a éste y a los más de mil casos de violaciones a derechos humanos documentadas durante su gobierno.
Los medios con que este gobierno seguirá atendiendo los conflictos que tanto han preocupado a la opinión pública serán la legalidad, nunca el autoritarismo, la tolerancia, nunca el enfrentamiento violento’’, aseguró en el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en septiembre de 1999
Y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande.