El régimen de excepción en El Salvador cumplió, el pasado 27 de marzo, un año de haber entrado en vigor. Fue decretado en plena pandemia, luego de que en un fin de semana, en marzo de 2022, se registraron 87 homicidios cometidos presuntamente por las pandillas Barrio 18 y MS13. Como respuesta, el presidente Nayib Bukele, y bajo el respaldo Legislativo, declaró el régimen caracterizado por la suspensión de derechos constitucionales de facto.
Frente a esto, organizaciones aseguran que los derechos humanos han ido en detrimento en todo el territorio, aunque el tema ha generado opiniones divididas en el contexto del supuesto combate contra las pandillas.
Opiniones divididas
Un año después de que Nayib Bukele llegó a la presidencia impulsó lo que ha llamado una “guerra contra las pandillas”, cuya estrategia se basa en una serie de medidas que buscan acabar con el fenómeno delincuencial, que prevalece desde el período del conflicto armado, entre los ochenta hasta los noventa, aunque se exacerbó con la presencia y fortalecimiento de las pandillas, en los noventa y la primera década del siglo XXI.
Entre esas medidas destaca el régimen de excepción en donde se han realizado detenciones masivas y la reciente construcción de una megacárcel, supuestamente la más grande de América Latina.
Esta situación ha generado una polarizada polémica al interior del país. Por un lado, en un balance general y con base en la percepción social, la población asegura que perciben mayor seguridad en las calles. Las pandillas en El Salvador, tal como han sustentado historiadores e investigadores se detectan desde los ochenta, pero su presencia se fortalece en el periodo de transición, luego de los Acuerdos de Paz, en los noventa y dosmiles.
De acuerdo con esas mismas fuentes “las maras”, fueron jóvenes deportados de Estados Unidos con antecedentes legales que llegaron a El Salvador y que años antes formaron parte de la población que tuvo que migrar hacia el norte, en los tiempos del conflicto armado.
El poder que alcanzaron se debió a diversas condiciones estructurales, que permitieron los gobiernos en turno con la intervención de Estados Unidos, aunque fue tal, que tuvieron control territorial y operaron con extorsiones, secuestros y homicidios.
Bukele ganó las elecciones en 2019 y dijo que una de las promesas de su gobierno era “acabar con las pandillas”, a quienes calificó de delincuentes, aunque de acuerdo con diversas investigaciones realizadas por El Faro, ha realizado diversos pactos con ellas.
Empero, desde que se decretó el régimen, Bukele ha expresado, a través de las diversas numeriales que expone en sus redes sociales, que el “combate contra las pandillas” tiene efectos en la reducción de cifras de homicidios.
El pasado 1 de abril, el mandatario dijo que marzo cerró como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador, dado que se registraron cero homicidos. Para el 2 de abril, se reportó que no hubo homicidios e hizo una comparación con abril de 2022. En enero también mencionó que se habían registrado en cero.
De acuerdo con una investigación realizada por El Faro, en febrero de este año, cuando se cumplieron diez meses de régimen de excepción, se expuso que el esquema del presidente Bukele consiguió desestructurar a las pandillas en El Salvador, tal como se habían conocido hasta entonces, y que había desbaratado su control territorial, principal vía de financiamiento y su estructura interna. Aunque en esa investigación se enfatizó que el régimen se ha caracterizado por la supresión de garantías constitucionales básicas y se han registrado masivas violaciones a los derechos humanos.
En la década de los 2000, el aumento de homicidios llevó a El Salvador a ocupar la lista de los países más peligrosos de América Latina. De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), El Salvador ocupó la tercera posición por los altos índices de homicidios.
¿Cómo van los Derechos Humanos?
El Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Cristosal y otras organizaciones defensoras, han documentado violaciones al Estado de derecho, al debido proceso y a los derechos humanos, por lo que aseguran que con el régimen de excepción los derechos humanos han ido en detrimento en el país centroamericano, porque, entre otras cosas, no se investiga para comprobar si las personas cometieron los delitos que se les imputa, tal como ha informado Once Noticias.
A través de un informe anual, (que abarca del 27 de marzo del 2022, a la misma fecha de 2023), las organizaciones expusieron que a un año de la entrada del régimen de excepción, se registraron un total de 4 mil 723 casos de violaciones a derechos humanos. Son las personas adultas y jóvenes la población más afectada: fueron 93% del total de las víctimas y 2% corresponde a infancias y adolescencias. Además, 83.55% fueron hombres y 14.62% mujeres.
Las organizaciones enfatizan que el hecho violatorio que caracteriza al régimen de excepción es la detención arbitraria y predominan en 95% de las denuncias que documentaron. Sin embargo, se acompaña de amenazas, allanamiento de morada, acoso policial, tratos crueles e ihumanos, tortura falta al debido proceso, “da pauta al desplazamiento forzado interno”, aseguraron.
Uno de los temas que les preocupa es el registro de 111 muertes de personas privadas de la libertad sin que se investiguen de forma independiente y sin que haya responsables de esas muertes.
Las instituciones más señaladas por hechos violatorios son: 74% de denuncian corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC), 16 % a las Fuerzas Armadas en conjunto con la PNC, 6% la Fuerza Armada, y 3% de las denuncias se hicieron en contra de actores estatales.
El Salvador se divide en 14 departamentos y en seis de ellos se han registrado mayores vulneraciones a derechos humanos: San Salvador, La Libertad, Sonsonate, Usulután, Santa Ana y Ahuachapán. Otra preocupación que expresan las siete organizaciones que participaron en dicho informe, es la sobrepoblación carcelaria: por cada 100 mil personas adultas hay 2 mil 303 personas privadas de la libertad.
Bajo ese escenario es que se construyó, en siete meses, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicada a 74 kilómetros al este de la capital salvadoreña, en el departamento de San Vicente, porque se han arrestado a más de 60 mil personas bajo el supuesto que son miembros de pandillas.
De acuerdo con Nayib Bukele, la megacárcel fue diseñada para resguardar a 40 mil personas. En febrero y marzo de este año se trasladaron las primeras 4 mil personas privadas de la libertad a este centrp destinado a presuntos miembros de pandillas, cabecillas y jefes de clica, según apuntó Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad en El Salvador.
Por esa razón, las organizaciones volvieron a llamar al estado salvadoreño para cumplir su obligación en el respeto de los derechos humanos y atender el tema de seguridad desde una política integral.
“Hacemos un llamado especial al estado salvadoreño para que investigue, repare y restituya los derechos de las personas afectadas injustamente, garantizando la no repetición de estos hechos”, concluyeron en su Informe.
Ese Informe se suma al que presentó el año pasado Human Rights Watch en el que también documentó violaciones generalizadas a los derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.