Las tierras que conforman a Aldama y Chenalhó, en Chiapas, fueron entregadas bajo la figura comunal y la disputa de ambos municipios deviene del reparto de tierras en los setenta y de los malos gobiernos en turno, acusa la junta del Buen Gobierno Zapatista.
Esto ha derivado en problemas agrarios y sociales que han tenido impactos negativos sobre las comunidades, lo que ha provocado muertos, heridos y 3 mil 500 personas desplazadas, aproximadamente, en su mayoría, tzotziles.
Según un informe detallado que hizo la Junta del Buen Gobierno Zapatista en 2019, en los setenta, una resolución presidencial de López Portillo entregó 60 hectáreas a la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla), cuyas tierras le pertenecían a de Santa María Magdalena (Aldama).
En 1977, en un convenio, se reconoció que las tierras pertenecían a Aldama y que se respetaría su derecho de posesión. Sin embargo, en 1997, Santa Martha decidió no respetar los acuerdos y exigió la devolución de dichas hectáreas. En ese momento Aldama pertenecía a Chenalhó.
En estos años se ubican procesos regionales relevantes que tuvieron efectos sobre la organización espacial. El fenómeno demográfico y económico fueron algunos de los más importantes. El crecimiento poblacional aunado a la transformación de la agricultura fueron algunas causas que demandarían la reestructuración espacial.
El cultivo de maíz fue el principal sistema, sin embargo, en los sesenta, se introdujo el cultivo de café como sistema principal.
Esto obligó a considerar la antigüedad de los territorios, cuyas historias datan del Siglo XVIII y que además se basan en la memoria de la ocupación territorial ancestral.
En 1998, con la remunicipalización, Aldama se convirtió en Municipio. Este hecho fue considerado por los zapatistas como “un plan contrainsugente del mal gobierno” de Ernesto Zedillo y de Roberto Albores Guillén, “como respuesta a la declaración de Municipios Autónomos que hicimos los pueblos zapatistas en diciembre de 1994”. Fue así que Santa Martha quedó como parte del municipio de Chenalhó.
En el año 2000, durante el gobierno de Vicente Fox y Pablo Salazar, Santa Martha obtuvo los planos definitivos mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE); sin embargo los enfrentamientos continuaron. Los zapatistas consideraron que este programa no trajo sino más conflictos porque permitió la venta de tierras a intereses privados.
En 2008, Santa Martha demandó legalmente la devolución de 30 hectáreas en posesión de Aldama y para 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón y Juan Sabines, el Tribunal Unitario Agrario resolvió la posesión a favor de 115 comuneros de Aldama.
En 2013, El manantial, que funge como frontera y que adquiere significado por la disputa territorial, se localiza en Ch’ayomte’ Aldama; éste sería vendido, pero en Asamblea se resolvió que el manantial debía dividirse en tres partes: Cabecera Municipal, comunidad de Ch’ivit y Santa Martha. Esta última decidió no aceptar compartirlo, por lo que un año después comenzaron agresiones, según detalla el escrito para la delegación estadounidense redactado por la comunidad de Aldama.
Los comuneros de Santa Martha desalojaron a las familias que vivían dentro de las tierras en conflicto. Comenzaron las agresiones armadas, quemaron y saquearon casas, se registró el despojo, tala de árboles y robos de cafetales.
Los zapatista afirman que “con este antecedente se empeoró el conflicto y ahora no sólo es problema de tierra y agua, sino que ya es un problema social”.
A partir de 2016, la comunidad de Aldama comenzó a documentar el desplazamiento forzado interno o intermitente, ya que las familias se han visto obligadas a huir a las montañas o en otros espacios del municipio, por los constantes ataques armados.
El informe de los zapatistas afirma que para tratar de calmar el conflicto, el Gobierno ofreció dinero a ambos municipios, sin embargo “el conflicto siguió aumentando porque el mal Gobierno no hizo bien su trabajo de deslinde en los terrenos, ni abrió la brecha de los mojones, y con eso sembró más provocación”, denunciaron los zapatistas.
Durante el gobierno de Peña Nieto y de Velasco Coello la violencia aumentó, según los documentos que presenta el informe zapatista.
El documento de la población de Aldama señala que, desde 2019, se han enviado cuerpos militares y agentes policíacos, así como la Guardia Nacional, para instalar una Base de Operaciones Mixtas en la comunidad de Coco’, sin todavía haber una resolución ni del conflicto ni de la seguridad de los habitantes, ya que en mayo y junio de este año, se documentaron ataques a estos elementos
En abril del 2021 se emitieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para familias indígenas tzotziles de 12 comunidades de Aldama, resolución 35/2021 para proteger la vida e integridad de las comunidades de Coco’, Tabac, Xuxchen, San Pedro Cotzilnam, C’hayomte, Juxton, Tselejpotobtic, Yeton, C’hivit, Sepelton, Yoctontik y la Cabecera municipal de Aldama.
Organizaciones de los Derechos Humanos, como el CDH FrayBa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han demandado constantemente al Gobierno Estatal y Federal el cese a la violencia y su intervención para resolver el conflicto.
El informe zapatista afirma que la política durante largo tiempo ha aprovechado para dividir y enfrentar a las comunidades, “y ya cuando los pueblos se están enfrentando acusa que nos matamos entre hermanos y dicen que hay un conflicto intercomunitario, pero no dice quién lo creó. Así justifican la militarización después de que ellos mismos metieron los problemas en territorio zapatista”.