En las últimas semanas, organizaciones civiles han denunciado que se han registrado vuelos hacia México, provenientes de Estados Unidos, con decenas de personas expulsadas bajo la norma del Título 42.
Once Noticias entrevistó a Graciela Zamudio, integrante de Alma Migrante AC, sobre la situación que prevalece en la ciudad fronteriza de Tijuana y sobre dicha norma que se ha puesto al centro de la discusión, la cual, afirmó, justifica una política punitiva en medio del contexto de emergencia sanitaria por COVID-19.
Es una violación a los derechos humanos de las personas. Dicha normatividad se estableció por la justificación de salud, sin embargo, no se ha comprobado que atienda las necesidades de las personas estadounidenses en pandemia. La realidad es que no está justificada que esta norma resuelva el motivo por el que se estableció que fue por salud”, señaló Graciela.
Dicha norma parte de un acuerdo de expulsión que hizo Estados Unidos con México. En marzo de 2020, durante el gobierno de Donald Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una orden bajo el nombre de Título 42, en la cual determinaron que las personas que representaban un riesgo severo para la nación, en términos de salud pública, no podían ingresar a territorio estadounidense.
Es una norma que prohíbe la entrada al país a las personas en situación de migración irregular o solicitantes de asilo. Además promueve que sean detenidas y devueltas, bajo el argumento de la contingencia sanitaria.
Según datos que presentó el Observatorio de Legislación y Política migratoria de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), por María Dolores Paris Pombo, entre marzo de 2020 y junio de 2021, “se han llevado a cabo más de un millón de expulsiones. Más de la mitad de estas expulsiones corresponden a migrantes mexicanos, cerca de 200 mil centroamericanos, y el resto corresponde a personas originarias de Ecuador, Colombia, Venezuela, Haití, Cuba y Brasil”.
El 21 de marzo de 2020, México aceptó colaborar con el Título 42. El argumento que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para aceptar a personas de origen centroamericano fue “minimizar la aglomeración en estaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos”.
Pese a ello la Border Patrol continúa haciendo detenciones y llevando a las personas a los centros para que sean devueltas, sin permitirles el acceso al asilo o alguna protección. Además en las ciudades fronterizas prevalece una crisis que se ha agudizado por el contexto de pandemia.
La abogada señaló que en Tijuana, pese al contexto de pandemia, la frontera ha estado abierta para que las personas estadounidenses sí ingresen a México, pero las personas mexicanas no pueden ingresar al país vecino.
Los viajes esenciales están restringidos. Ante esa realidad, no hay justificación para que exista esa norma y que tenga el argumento de proteger la salud de las personas estadounidenses”.
Graciela Zamudio relató que han detectado varias situaciones importantes: “las devoluciones que hacen de Estados Unidos se hacen por ciudades en donde las personas no tienen redes de apoyo y además son trasladadas a miles de kilómetros, por ejemplo, si cruzaron a Texas, son llevadas hasta San Diego y luego a Tijuana o Mexicali, en donde no tienen nada”.
Denunció que recientemente supieron de un albergue en Ensenada “al cual el Instituto Nacional de Migración (INM) les dejaron a 100 personas, de un total de 300, que había sido devueltas por Título 42. ¿Y dónde están las otras 200 personas? ¿Por qué el INM eligió llevarlas a un albergue que no es de la red típica que atiende a la población migrante?”.
En Tijuana y en Baja California hay un escenario en el que coinciden poblaciones con distintas necesidades. Por ejemplo, las personas que más llegan del interior del país son las que provienen de Guerrero, pero sobretodo de Michoacán, indicó Graciela Zamudio. Son víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI) y vienen huyendo de la violencia de sus lugares de origen. “A esta población la encontramos en el campamento La Esperanza, que se ubica en el Chaparral.”
Denunció que la población mexicana, víctima de DFI, que es deportada “regresan a ser desplazados forzados internos. Eso viola su derecho a la no devolución, porque en su territorio están en peligro sus vidas o sus familias”.
Autoridades estadounidenses retornan a territorio mexicano personas extranjeras, ante ello a México le tocaría explicar por qué acepta a dicha población si está incurriendo en una violación de tratados internacionales, “además no tiene un plan para regularizar a la población y es una violación porque las personas ya había abandonado el territorio y solicitaron asilo en EUA”.
Los albergues continúan llenos en Tijuana, aunque señaló que tienen un hotel-filtro que resguarda a las personas que ingresarán a algún albergue, para que pasen su cuarentena.
Denunció que México releva la responsabilidad de la deportación a Estados Unidos y sus acuerdos de deportación responden a una política migratoria punitiva.
Es la misma situación de siempre con modelos distintos, pero siempre los más afectados son las personas migrantes. Se incurre en delitos de lesa humanidad. Es importante ponerlo en el ojo internacional. Tijuana es una frontera muy transitada y es necesario establecer una norma clara que permita el acceso al asilo, porque las personas solicitantes de asilo tienen el derecho a la no devolución en cualquier parte del mundo”, concluyó.