La lucha comenzó hace más de 10 años, en el ejido El Bajío, en Sonora, en contra de la minera Penmont, subsidiaria de la empresa Fresnillo PLC, propiedad del cuarto hombre más rico de México: Alberto Baillères González (dueño del Palacio de Hierro, accionista del Grupo Peñoles y GNP Seguros). Las sentencias para alcanzar justicia continúan pendientes (67), aunque los ejidatarios han logrado resistir y su lucha los ha llevado a recuperar sus tierras.
En la actualidad están a la espera de las resoluciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que 18 mil hectáreas, de las 21 mil que conforman El Bajío, sean reconocidas como un Área Natural Protegida, a través de la figura de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).
Cronología de una resistencia
En Sonora, ubicado entre los municipios de Caborca y Puerto Peñasco, se encuentra el ejido El Bajío, que fue constituido el 20 de agosto de 1971, cuando se otorgó la propiedad de más de 21 mil hectáreas a 77 familias. A principios de los noventa fue repoblado por campesinos y jornaleros provenientes de otras entidades, principalmente de Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Sinaloa, Jalisco y Nayarit.
La historia del ejido va de la mano con la llegada de la ocupación de Penmont, en 1991, cuando la minera, subsidiaria de la empresa Fresnillo PLC, comenzó sus exploraciones y enclavó tres proyectos mineros a cielo abierto en este territorio: Noche Buena (2012), Dipolos-La Soledad (2010) y La Herradura (1998) lo que afectó a los ejidatarios que decidieron interponer denuncias.
En 2011, se determinó a través de una primera sentencia que la minera debía desalojar las tierras. Hasta 2013 se llevó a cabo la desocupación. En ese año, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio.
En 2014 un Tribunal Colegiado ordenó a la minera restituir las tierras del ejido El Bajío y sanar, también, los daños medio ambientales. Sin embargo, eso no ocurrió. El magistrado Manuel Loya Valverde, quien llevó el caso, fue quitado del Tribunal Agrario y acusado de corrupción por resolver a favor del Ejido.
Lo que sí ocurrió fue un aumento de violencia, por la presencia del crimen organizado y un constante hostigamiento y violencia hacia los ejidatarios.
Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich, se presentó como ejidatario en El Bajío y en 2017, con apoyo de autoridades estatales, desalojó a los ejidatarios y emprendió una empresa de hostigamiento y persecución.
En ese tiempo, recordó el ejidatario Erasmo Santiago, estuvieron privados de su libertad injustamente porque fueron acusados de despojo agravado.
“Nos acusaron, pero no es cierto. El Ejido ha combatido. Estuvieron algunos compañeros siete meses encerrados, yo estuve un año con 8 meses. El ejido logra combatir la especulación que hizo la mina y se comprobó que fueron mentiras y calumnias y fuimos absueltos, salimos”, recuerda el ejidatario.
El 12 de febrero de 2018, tal como comparten los ejidatarios en una memoria unísona, Raúl Ibarra de la Paz y a su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, fueron asesinados y sus cuerpos fueron desaparecidos.
En 2020, al inicio de la pandemia, todos los ejidatarios en compañía del abogado Sergio García, quien lleva el caso, decidieron manifestarse para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador el cumplimiento de las resoluciones.
“Ante la nación se compromete que va a llegar la justicia al Ejido y le llamó la atención y se sorprendió que su hija, la Guardia Nacional, estaba al servicio de Baillères, custodiando una ocupación ilegal de la mina, porque la desocupación fue desde 2013, pero se metieron con el apoyo de las autoridades estatales y militares“, recordó Sergio García en conferencia de prensa.
Estrategia de conservación y justicia social
Las comunidades pueden destinar un territorio a conservación a través de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), bajo la ley de equilibrio ecológico y medio ambiente, es un régimen especial de manejo y de protección que permite que las comunidades, mediante una certificación de Conanp y Semarnat, dediquen sus predios a la conservación ambiental, de manera voluntaria y con el interés de cuidar y mantener los recursos naturales, tal como afirma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
Debido a la falta efectiva de justicia, el abogado Saúl García ve la posibilidad de que se preste atención a las 67 sentencias del Ejido a través del tema medioambiental.
“Es un tema de justicia social y de cumplimiento de sentencias, desde una óptica legal no debiera tener influencia. Como se ha politizado el tema creemos que sí nos beneficiará como ejido en el hecho de que se transforme en un reserva, que volteen a ver el ejido desde esa óptica, esperamos un impacto positivo para lograr la ejecución de las 67 sentencias, están en el papel pero no están ejecutadas, eso es igual a justicia denegada, esperamos una repercusión positiva”, expresó.
Dijo que no están pidiendo una rectificación de linderos, sino que quieren desincorporar el territorio del ejido el Bajío que pertenece al municipio de Caborca, y toda la superficie de 21 mil y tantas hectáreas, para que queden comprendidas dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Peñasco.
“Luego entablaremos un diálogo con el Ayuntamiento de Puerto Peñasco para ver si logramos unidad de criterios y hacer un planteamiento al Congreso del estado hacer la rectificación, es ahí donde haremos el planteamiento y tenemos fe en tener éxito”, externó el abogado Saúl García.
Por otro lado, Federico Godínez, exdirector de la Reserva de la Biósfera del Pinacate y el Gran Desierto, precisó que este territorio es de gran importancia, porque aunque el ejido está fuera del territorio del Gran Desierto y El Pinacate, tiene una gran biodiversidad.
“Por la riqueza que tiene, en cuestiones de minerales, pero también tiene una gran riqueza en la biodiversidad, por esa razón desde 2012 colaboramos en conjunto para cuidar, conservar una especie que es muy especial: el berrendo sonorense, es el único antílope en América. El peligro de extinción va desde hace muchos años atrás. Quedan muy pocos ejemplares. El territorio del ejido mantiene la mayor parte de la población en el mundo. Esas 20 mil hectáreas por eso son muy valiosas en el aspecto natural”.
Además mencionó que se encuentra el borrego cimarrón, camaleón cola plana, una especie en peligro de extinción, y otras especies representativas de este ecosistema desértico.
“Lo importante es resaltar la decisión y voluntad del Ejido de ser un área natural protegida voluntariamente”.
“Existe una figura en la ley en donde se puede solicitar ser un ANP. Desde principios de este año ya iniciamos las gestiones correspondientes por acuerdo de Asamblea, para solicitar el Gobierno Federal ser considerados como una ANP con todas las prerrogativas y consideraciones y todo el derecho que corresponde. Eso implica mayor conservación e incentivos”, indicó.
Recordó que el Ejido ha sido devastado por la presencia de la minera. Consideran que un área de aproximadamente 18 mil hectáreas son las propuestas para ser sujetas de conservación.
Jesús Thomas, presidente Ejidal, afirmó a Once Noticias que el interés para conservar su territorio radica también en el tema del agua, porque la mina acaparó dicho recurso.
“En el ejido son millones de metros cúbicos a una profundidad de 200 y 250 metros. Cuando solicitamos a Conagua un pozo de 2 pulgadas para uso de abrevaderos para animales, nos dijeron que no, porque son inexistentes los mantos acuífero, pero la mina tiene siete pozos y miles de litros de agua por minutos. Eso nos hace involucrarnos por preservar el agua. En ejidos vecinos, donde no hay minas, hay miles de hectáreas de cultivos, a nosotros no se nos permite. Por eso pensamos que la conservación es lo que más conviene”, concluyó.