El feminicidio va en aumento en México, pese a la existencia del mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG). En siete años, los casos de feminicidio incrementaron 57.83% en México, al pasar de 412 en 2015 a 977 en 2021, por lo que se estima que alrededor de 11 mujeres son asesinadas al día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La mayoría de estos hechos se concentran, principalmente, en Estado de México, seguido de Veracruz y Nuevo León, este último estado registró 14 casos de feminicidio, durante los primeros dos meses de 2022. Mientras que otras entidades, también del norte registran menor incidencia: cinco en Chihuahua, tres en Tamaulipas, dos en Baja California Sur, dos en Baja California, dos en Sonora y uno en Durango.
Expertas consultadas por Once Noticias, como la directora de Equifonía, Araceli González Saavedra, coincidieron que la violencia feminicida no es menor en los estados del norte, sino que es tipificada bajo otro tipo de delitos. Las autoridades no investigan el contexto porque están relacionados con crimen organizado, desapariciones o trata de personas, no están capacitadas en género, hay poco personal o presupuesto.
Por ejemplo, dijeron, los casos de trata de personas que terminan en feminicidio sólo son procesados por el primer delito, como resultado, existe una “cifra negra” sobre la violencia feminicida en estas entidades, se desconocen los factores de riesgo, la impunidad es mayor, y envía un mensaje de que la verdad y justicia no es una opción para las víctimas y sus familias.
A fin de prevenir y eliminar esta violencia feminicida, las AVG nacieron como un mecanismo de emergencia. Actualmente hay 21 AVG declaradas en México, de las cuales seis pertenecen a los estados del norte: Baja California (marzo 2021); Chihuahua (agosto 2021); Sinaloa (marzo 2016); Sonora (junio 2019); Durango (noviembre 2018), y Nuevo León (noviembre 2017).
Pese a las AVG, enfatizó González Saavedra, las autoridades actúan de manera “parcial” en estas entidades y no toman medidas urgentes para detener esta problemática; como estudiar la relación de la trata de personas con el feminicidio, por lo que las políticas públicas son poco eficientes frente al contexto real.
Al encontrarse en la frontera, agregó, los riesgos son distintos, sin embargo, las recomendaciones de las AVG se basan en las entidades centralizadas. En 2018, la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) analizó 30 solicitudes y 17 declaratorias de AVG, la mayoría de ellas contenían medidas casi idénticas, sin un carácter de emergencia y no focalizadas a la situación del estado.
“Simulación de acciones”
Para la abogada e integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos de Tijuana, Baja California, Meritxell Calderón Vargas, las políticas públicas vigentes en su entidad no contemplan que los puertos permitan que las redes de trata de personas sean más fuertes, no consideran la diversidad de mujeres, ni las situaciones económicas.
En su experiencia como acompañante de casos de feminicidio, los planes de gobierno exigen a las víctimas de violencia o a las familias de víctimas de feminicidio trasladarse a los Institutos de la Mujer de su municipio, hablar español, tener recursos económicos, acceso a internet y número de celular para que sus casos sean tratados.
Tales peticiones, declaró, obstaculizan el acceso de justicia, por ello las víctimas y familias prefieren acercarse a las organizaciones civiles, pero las defensoras son agredidas, amenazadas y perseguidas por su labor, además, no son consideradas por las autoridades en los temas de violencia contra las mujeres, pese a que la AVG determina lo contrario.
“Hay una cifra negra sobre los feminicidios. Aquí no hay funcionarias capacitadas para atender a mujeres víctimas de violencia de la delincuencia organizada. La Fiscalía General de Baja California sólo cuenta con poco personal, presupuesto y los homicidios son atendidos por personal no sensibilizado. Sí hay expertas locales, pero no nos dan espacio para capacitar”, detalló.
En su opinión las cifras oficiales no reflejan la realidad de la entidad, por ejemplo, que las víctimas de feminicidio son amarradas o heridas de cierta forma para aparentar que pertenecieron a la delincuencia organizada y así sus casos sean desechados.
“Porcentaje corto de feminicidio”
En Sonora, explicó la defensora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Silvia Núñez Esquer, la cifra de casos de feminicidio es “corta” porque éstos no son averiguados si suceden en la vía pública, después de una desaparición o dentro del crimen organizado o de la trata de personas.
“Los hombres del crimen organizado asesinan a sus mujeres con armas de fuego o ‘son levantadas’ por la fuerza. Hay más homicidios que feminicidios porque no hay un retrato claro del asesinato. En 2020, hubo 55 homicidios y 32 feminicidios. En 2021, 95 homicidios y 45 feminicidios, es decir un incremento de 28.89%”, describió Núñez Esquer.
Los casos, mencionó, que llegan a la justicia o son reclasificados son aquellos acompañados por organizaciones civiles o mediáticos, el resto queda en el olvido. Cuestión que sucede en Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila y Durango; aunque Sonora, Sinaloa y Durango tengan una AVG que exige la generación continúa de datos.
“Medidas efectivas contra violencia”
Tamaulipas y Coahuila no cuentan con AVG porque las autoridades afirman que sus políticas sí tienen un impacto en la violencia contra las mujeres, pero organizaciones feministas, como la Red de Mujeres de la Laguna denunciaron que no es así, pues las familias de las víctimas son revictimizadas, no hay claridad en los presupuestos de las instituciones, entre otras barreras.
En 2016 y en 2021, la AVG fue solicitada sin éxito para Tamaulipas. En la última ocasión, la entidad estaba en el sexto lugar de incidencia de secuestros y homicidios a nivel nacional; en Coahuila, la AVG fue negada en 2017. Desde entonces, los casos de feminicidio aumentaron el doble, pasó de nueve carpetas de investigación en 2017 a 21 en 2021, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo.
Lo anterior, dijo Núñez Esquer, no sucede en Nuevo León porque existe mayor información pública y casi todos los casos de feminicidio son investigados, gracias a la demanda de las familias y de las organizaciones civiles.
De enero a febrero de 2022, cifras del Secretariado Ejecutivo revelaron que 29 casos de feminicidio fueron cometidos en Nuevo León, de los cuales 21 estaban relacionados con temas de drogas. Esta cifra representa 30% más que la registrada en 2021, en el mismo lapso de tiempo.
Emblema del feminicidio, Chihuahua
Desde la década de los noventa, esta entidad contabilizó un alto número de noticias acerca del hallazgo de cuerpos de mujeres con extrema violencia en lotes baldíos o lugares públicos. Por esto, el Estado mexicano recibió la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), conocida como “Campo Algodonero” y se vio obligado a implementar medidas urgentes contra la violencia feminicida.
Pese a ello, la violencia feminicida es continua en Chihuahua, ejemplo de ello, es que de enero a abril de 2022, van cuatro casos de feminicidio reportados en Santa Bárbara, Parral y Guachochi, donde los cuerpos aún son colocados en carreteras. Estos hechos dan una tasa de 0.15 por cada 100 mil mujeres, por encima de la nacional que es de 0.11.
Como en otros estados del norte, organizaciones feministas informaron que en esta entidad la violencia feminicida está vinculada con otros tipos de delitos y las medidas de la AVG no tienen lo necesario para atacar todo este fenómeno, por tal motivo, las especialistas ya mencionadas concluyeron que es indispensable que el trámite, contenido y declaratorio de las AVG sean repensadas.
Determinaron como importante que las autoridades promuevan la investigación del feminicidio con otras problemáticas; enfocarse en el contexto y no en los hechos; recibir mayor capacitación en género y desarrollar una política donde todo aquel funcionario o funcionaria que no cumpla con sus obligaciones o la ley sea sancionado.