Son seis años que lleva Fidencio Aldama Pérez privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón, en Sonora. Fue detenido el 27 de octubre de 2016; en 2018, fue acusado por un delito que no cometió: por homicidio simple intencional, de acuerdo a su defensa legal. En la actualidad cumple una sentencia de 15 años y 6 meses de prisión.
Hasta ahora su caso forma parte de la criminalización y encarcelamiento a personas defensoras del territorio y la vida, por lo que Fidencio es un preso político en este país:
“Se opuso al Gasoducto Sonora, fue detenido por defender su comunidad, le fue fabricada una carpeta de investigación a modo, fue sentenciado y está en una situación jurídica complicada con respecto a su libertad. Además, las empresas siguen haciendo de las suyas en el país. Siguen habiendo presos políticos en México y es el caso de Fidencio Aldama, por oponerse al Gasoducto”, sentencia Roberto López, integrante del colectivo ‘Los otros abogados’, a Once Noticias.
Sonora, conviene recordar, es uno de los estados del país con las mayores extensiones de territorio concedido a la operación de proyectos extractivistas. En el caso de la Nación Yaqui, grupo indígena de esta entidad, ha enfrentado el asedio de su territorio desde hace tiempo. En 2012 enfrentó una lucha contra la empresa Sempra Energy –una transnacional estadounidense, con sede en San Diego, California– por el proyecto Gasoducto Sonora.
Esta empresa ha sido denunciada varias ocasiones por irregularidades. En la actualidad continúa operando en México y hasta 2020 cuenta con una inversión aproximada de $10.5 mil millones de dólares en México, según expresa en su página oficial.
En el año 2020, Aldama y su defensa legal apelaron la sentencia, a través de un amparo, sin embargo fue resuelto hasta el año 2022. La defensa legal señaló que esa resolución se concedió después de casi 1 año y medio.
Además el Tribunal de Amparo le ordenó a la Sala, que debe dictar otra sentencia, donde se reitere la acreditación del delito y donde reitere la responsabilidad de Fidencio.
Pero el caso de Fidencio no se resume al supuesto delito que se le imputa sino a los antecedentes que se enmarcan en problemáticas mayores en el territorio Yaqui, una tierra asolada por el despojo del agua –con el caso del Acueducto Independencia– y por el interés de estos megaproyectos que han buscado imponerse a costa de todo, incluso de la vida, de la inocencia y que ha impactado en la división de la comunidad.
Fidencio Aldama, preso político
“Espero la libertad física, para poder estar con mi familia, para que todos ustedes colaboren con un apoyo de solidaridad hacia el pueblo de Loma de Bácum y hacia mi libertad”, expresa Fidencio en un video que circula en redes.
Es originario de la comunidad de Loma de Guamúchil y pertenece a la comunidad indígena de la Nación Yaqui, de Sonora. Fidencio tiene dos hijos pequeños. Su esposa se dedica al cuidado y crianza de ellos. En cada mensaje que deja Fidencio y que se sube a redes, recuerda a su familia y agradece, cada que puede, a quienes se solidarizan con él.
Cuando fue detenido vivía en Loma de Bácum, con su familia, una comunidad que se opuso al gasoducto Guaymas-El Oro. Para comprender la acusación de Aldama se precisa asentar algunas fechas importantes, por ejemplo, este megaproyecto llego desde noviembre de 2012, cuando la empresa energética transnacional –la empresa con mayor cobertura en Estados Unidos– Sempra Energy firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir el gasoducto Sonora de 835 km de longitud, destinado a importar gas natural desde México hacia Estados Unidos.
Un año más tarde, el Gasoducto Sonora, impulsado por Infraestructura Energética Nova, SA de CV (Ienova) filial de Sempra Energy, obtuvo por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el permiso para construir los tramos Guaymas-El Oro, el cual atravesaba los ocho pueblos yaquis.
En el año 2015, la asamblea yaqui en Loma de Bácum, decidió no conceder la entrada a ninguna empresa a su territorio. En 2016, un juez federal en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión del gasoducto Guaymas-El Oro por no tener el consentimiento de toda la tribu, pero Sempra hizo caso omiso y continúo con el proyecto.
En octubre de ese año mientras los miembros de la comunidad se reunían en asamblea, un grupo armado entró en Loma de Bácum para derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras que estaban a favor del gasoducto. De ese ataque hubo una persona muerta, heridos y doce vehículos quemados que han quedado sobre los terrenos como testimonio de ese evento.
Roberto López recuerda que Fidencio fue detenido el 27 de octubre de 2016, posterior al enfrentamiento en Loma de Bácum. Cuando se dio la detención, Aldama estaba rindiendo declaración sobre los hechos ocurridos y sin que las autoridades dieran motivo o razón fue privado de su libertad, junto a su traductora y abogado –a quienes liberaron cuadras más adelante–.
En ese momento, además, Fidencio era parte de la guardia tradicional.
“A Fidencio se lo llevan directo al penal de Ciudad Obregón, puesto a disposición del Tribunal que le habían girado una orden de aprehensión. Ahí empieza el proceso penal, se desahogan pruebas y el 6 de abril de 2018, se le dicta una sentencia condenatoria de 15 años y 6 meses, porque el Tribunal que lo enjuicia considera que es responsable de arrebatarle la vida a Cruz “N”, una de las personas a favor del Gasoducto”, recuerda el abogado.
Roberto explica que la única prueba que se considera para imputar al yaqui son acusaciones que hacen algunas personas que llama de forma coloquial ‘testigos de oídas’, “quiere decir que no les consta el hecho, pero lo escuchan, lo repiten y declaran. Son personas a favor del gasoducto y en contra del pueblo de Loma de Bácum”, explica.
Estos testimonios fueron utilizados en contra del yaqui, pese a que en la necropsia de Cruz “N” se encontró una bala calibre 22 que fue la que le arrebató la vida. Fidencio, por su ejercicio como autoridad tradicional, tenía un arma asignada calibre 45.
De acuerdo a la defensa legal se demostró que las balas no coincidían y además las hermanas y la esposa del occiso no se percataron que Fidencio haya disparado en contra de Cruz “N”. Sin embargo, se desestimó y se consideró la acusación de personas cuyos intereses son afines al proyecto de la empresa transnacional, explicó el abogado.
La sentencia se apeló y se llevó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, y en 2019, consideró que Fidencio es responsable, por lo que reproduce la misma sentencia del Tribunal.
El factor para imponer una pena: la edad
A partir de ese momento comienza el andar de interponer amparos de inconformidad. El primero fue un amparo directo y se presentó en octubre de 2020, tal como recuerda Roberto:
“es el último recurso que se tiene para impugnar esa sentencia, por lo que se turnó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito de Sonora y se le asignó a una magistrada, que no lo resuelve y el 12 de agosto de 2021 se turna a una nueva magistrada llamada Luz Elba de la Torre Orozco. Se resuelve hasta el 17 de junio de 2022, casi un año después de que se turnó a la magistrada y casi dos años después que se presentó el amparo”, subrayó el abogado.
Sin embargo, la Sala Penal cometió una violación al proceso dado que los jueces debieron tomar en cuenta la circunstancias en la comisión del delito –cuestiones que agravan la imposición de la pena– pero en el caso de Fidencio Aldama consideraron que la edad era un factor que le afectaba –consideró que Fidencio tenía edad para elegir entre lo bueno y lo malo, y optó por lo segundo–.
El Tribunal señala que se cometió una violación a sus derechos y por tanto se concedió el amparo, con efecto para dejar insubsistente la sentencia de 2019, “que se dicte otra en donde se acredite el delito, se acredite la responsabilidad de Fidencio y no se tome en cuenta la edad como factor para la imposición de la pena. La Sala debe volver a pronunciarse con la individualización de la pena”.
El abogado explica que lo positivo de esto último sería una imposición mínima en la pena –el castigo para este tipo de delito va de 8 a 20 años–, “si ese es el escenario optaríamos por otro amparo pensando ya no fuera en el Tribunal, sino buscaríamos la atracción de la SCJN, buscar esa instancia porque hubo irregularidades en el proceso que no fuera valoradas en el tribunal, no hubo una correcta valoración de las pruebas”, denunció la defensa.
El abogado dijo que pensaban que el Tribunal de Amparo haría los análisis objetivos e imparciales, pero no, por lo que buscarán la reducción de la pena aunque el objetivo mayor es la libertad del defensor yaqui.
Durante la pandemia, Fidencio se quedó sin acompañamiento jurídico debido a que su abogado falleció por COVID-19. Fue hasta que el colectivo de ‘Los otros abogados’ tomaron el caso que volvió a su cauce.
El abogado señaló que ha sido un proceso desgastante para Fidencio y su familia, también para la defensa porque se realiza desde Ciudad de México, aunque conversa seguido con el defensor yaqui quien dijo que siempre agradece las muestras de solidaridad a quien se acerca a su caso.
En las siguientes acciones, dijo que en un panorama favorable buscarán, si no se sigue el amparo, la atracción de la SCJN.
El pasado de Sempra Energy
Sempra Energy ha sido denunciada muchas veces por sus proyectos en nuestro país y por actos de irregularidad. De acuerdo a su información oficial, hasta la actualidad la empresa opera más de mil 600 megawatts de energía limpia, con una cartera de desarrollo de tres mil megawatts de proyectos transfronterizos de energía solar, eólica y de almacenamiento de baterías entre Estados Unidos y México, de acuerdo a su página oficial.
Sempra salió de los límites estadounidenses a buscar nuevos espacios de explotación a partir de la crisis energética que asoló California en 2001. Fue así que llegó a Baja California, en donde puso plantas generadoras de energía –la más conocida e imponente en la Rumorosa, en el municipio de Tecate–, una termoeléctrica en Mexicali y la planta de gas natural en Ensenada.
Otro de sus proyectos es la planta de regasificación llamada Energía Costa Azul (ECA) que recibe buques de gas natural licuado desde Asia y los transforma en estado gaseoso para distribuirlo en sus ductos.
Todos estos proyectos producen electricidad de exportación que satisfacen al mercado del sur de California y en menor medida al mercado local.
Otro de los casos sobresalientes fue el de la Sierra Juárez, cuando recibió del gobierno de Felipe Calderón, en 2011, una nueva concesión para instalar una planta eólica en ese lugar. En los medios se denunció que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó permisos –en la administración de Juan Elvira Quesada– para la construcción de esa planta en una zona habitada por grupos indígenas a quienes se les quería comprar tierras a precios irrisorios.
Este parque eólico se asienta en el municipio de Tecate hasta el Condado de San Diego y fue ideado para abastecer de energía a Estados Unidos, por un contrato de 20 años. En este año inició operaciones la segunda fase. Es, según señala la empresa, el primer proyecto transfronterizo de energía renovable entre México y Estados Unidos y que actualmente entrega 263 megawatts (MW) de electricidad con cero emisiones de carbono al mercado eléctrico de California.
En el caso de Sonora, en 2017, integrantes de la comunidad yaqui desmantelaron la infraestructura del gasoducto en Loma de Bácum. después de que IEnova continuó con el proyecto, pese a que un juez federal ordenó detener su construcción.