Los docentes de México carecen de capacitación sobre diversidad sexual, por ejemplo, para tener conocimiento sobre conceptos como lesbofobia, transfobia y bifobia, pues en las escuelas de educación básica y media superior se considera a los términos “homosexual” y “gay” como sinónimos de “diversidad sexual”.
La Fundación Arcoíris y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizaron el estudio sobre “Violencia escolar contra estudiantes LGBT en México”, en el que afirman que falta aún mucha capacitación a los docentes al respecto.
“Resulta necesaria la formación inicial y permanente de los docentes de todos los niveles educativos para que cuenten con los conocimientos básicos sobre la diversidad sexual y, al mismo tiempo, tengan las habilidades para incorporar y adecuar las temáticas en los planes y programas de estudios que se abordan desde las diferentes disciplinas”, indica.
Agregó la necesidad de brindar al profesorado una formación en valores y actitudes, que les permitan desarrollar procesos educativos desde perspectivas inclusivas y con perspectiva de género.
“Esto podrá colaborar en la mejora de los ambientes educativos principalmente en aquellos casos de deserción escolar por bullying homofóbico y transfóbico, lo cual tampoco ha sido analizado en las instituciones educativa”, advierte dicho estudio.
Se encontró también que es imprescindible cambiar la idea de que una persona gay, lesbiana, bisexual, transgénero o transexual tiene una “preferencia sexual diferente”, ya que eso reproduce la idea de que la heterosexualidad es el centro y la única orientación sexual aceptable. Ambas organizaciones afirman que es pertinente investigar dejando de lado las mismas categorías que normalizan y etiquetan a la heterosexualidad como la norma.
Por otro lado, las investigaciones sobre diversidad sexual han centrado su atención en las escuelas de un contexto urbano y han dejado de lado las zonas rurales, lo que ha ocasionado que se carezca de una visión que permita saber qué está pasando en los contextos rurales o semiurbanos.
Lo anterior, dice la CNDH, es indispensable tomarlo en cuenta puesto que generalmente se crean políticas o programas de intervención educativa que no siempre están contextualizados.
Por ello, señala el estudio de la CNDH y Fundación Arcoiris, también resulta preciso que las instituciones involucradas puedan crear desde sus posibilidades, proyectos educativos que vayan acordes a las necesidades de los espacios y contextos en donde se interviene.
Del mismo modo, se requiere de mayor visibilidad del tema a través de proyectos de investigación, cuerpos académicos, redes académicas o demás instituciones, puesto que las intervenciones son, en su mayoría, efectuadas desde el activismo.
De acuerdo con Mauricio List Reyes, especialista en temas de diversidad sexual, desde las instituciones de educación superior se tiene la responsabilidad de crear acciones efectivas que contribuyan a la prevención del bullying o acoso escolar hacia las personas LGBTQ+.
“La universidad tiene la responsabilidad y la obligación de generar acciones efectivas de prevención, fundamentalmente, educando en el respeto a la diferencia de sexo, género, orientación sexual, origen étnico, etcétera, más aún cuando se plantea como misión formar profesionales y ciudadanos críticos, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades y defendiendo los derechos humanos. Dichos valores en los que se sustenta la institución no deberían quedarse en un nivel declarativo, sino que tendría que traducirse en políticas universitarias transversales a todas las áreas y acciones de la institución”, aseguró List Reyes.
El experto agregó que en general las diversas formas de intolerancia y discriminación suelen ser rechazadas, al menos en el discurso, por una diversidad de actores y muy especialmente representantes de una diversidad de instituciones públicas y privadas. Incluso señaló que en el país proliferan los discursos de inclusión a diversos grupos, cómo a mujeres, personas con alguna discapacidad, indígenas, entre otros; sin embargo, advirtió Mauricio List Reyes, se ha omitido la alusión a personas trans, trabajadoras sexuales, homosexuales, etcétera.
Agregó que en el mejor de los casos estos sectores son invisibilizados y por tanto excluidos de las acciones a favor de quienes son considerados “minorías” que deben ser atendidas.
“Las instituciones, a partir de la idea de que promueven la igualdad y no discriminación, no hacen distinciones entre los sujetos, es decir, no nombran las diferencias, encontrando así un buen pretexto para evitar el reconocimiento de derechos a sectores excluidos socialmente, sin que se les considere necesariamente como intolerantes”, afirmó el experto.