La Ley minera aprobada en México en 1992 favorece la extracción masiva de minerales como oro y plata por parte de las firmas canadienses y otras empresas, sin que exista claridad sobre las proporciones que son explotadas y enviadas al extranjero, además de que producen graves daños al entorno donde operan, denunció la Colectiva Cambiémosla Ya.
El grupo, que pretende realizar cambios sustanciales a la Ley Minera vigente, detalló que a partir de la década de los noventa la minería en México se expandió aceleradamente.
“Entre 1990 y 2018, la Secretaría de Economía entregó 46 mil 048 concesiones mineras, y hasta 2019 operaban mil 531 proyectos en el país. Estas concesiones abarcan una extensión similar a la del estado de Chihuahua”, señala.
Del mismo modo, la colectiva apunta que la Ley Minera, publicada en 1992 y, que actualmente permanece vigente durante la antesala de la firma del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), otorgó enormes facilidades y privilegios a las mineras con ello permitió la operación sin restricción de empresas trasnacionales, entre las que destaca la presencia de corporaciones canadienses, ya que de las 238 firmas que operan en el país, 151 son canadienses.
Además, los colectivos indicaron que en esta nueva etapa de la minería en el país se caracteriza por la preponderancia de la extracción del oro y la plata, que se lleva a cabo en 70 % de las minas que operan en el país, 68 % de las cuales son propiedad de corporaciones canadienses.
Once Noticias contactó con Beatriz Olivera, directora de la organización Energía Género y Ambiente (Engenera), que forma parte de la Colectiva Cambiémosla Ya para conocer sobre las aportaciones que otorgan estas empresas a las arcas del país, ella, detalló las organizaciones que integran este colectivo no cuentan con datos sobre estas contribuciones, pues estas no aparecen de manera clara en los datos aportados por la Secretaría de Hacienda.
Sólo aparece, dijo, un agrupado de las contribuciones del sector minero, y en estas cifras resalta por ejemplo que en el año 2019, los ingresos tan sólo por la extracción de minerales de metálicos y no metálicos fueron 0.13 % de la recaudación total de que hizo el gobierno; en 2020, fue de 0.32% y en 2021, fue de 0.97%.
“Ahora bien -estas empresas- lo único que aportan es impuesto sobre la renta porque el IVA prácticamente se les regresa a las empresas por el tema de las devoluciones, es así como está la Ley, entonces ellas deducen, presentan bastantes gastos para deducir (…) Lo que si podemos constatar por los datos de la cuenta pública son estas escasas aportaciones”, señaló.
Lo cierto, dijo, es que sí han existido llamados por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno canadiense para que estas empresas paguen lo que les corresponde conforme a la ley.
De acuerdo con lo dicho por Olivera la Ley Minera actual impide acceder a la información sobre los volúmenes de minerales extraídos o volúmenes de producción que son enviados hacia el extranjero, por ello, urgió a cambiar la actual norma minera a fin de que sean conocidos estos montos.
No obstante, y de acuerdo con la agrupación, las mineras canadienses en México se “especializan” en la extracción de oro. Diversos especialistas han estimado que, durante los pasados 20 años, se ha extraído de México cinco veces más oro que el que se extrajo durante los 300 años del periodo colonial.
En este sentido, la directora de la organización Engenera agregó que, de acuerdo con los análisis realizados por los colectivos que integran “Cambiémosla Ya” en los estados de donde se extrae más oro y plata en nuestro país, como Chihuahua, Durango y Zacatecas, las comunidades están en condiciones de pobreza de mayores al 46% que es el promedio nacional.
“Es un saqueo legalizado”, indicó.
Sobre este tema, el colectivo sostiene que en los 10 municipios mexicanos con la mayor producción de oro y plata los niveles de pobreza y pobreza extrema son mayores que los del promedio del país.
A ello, se suma la violencia que se ha extendido en muchas regiones mineras y los asesinatos de defensores ambientales, presentes en regiones como Mazapil, Zacatecas, y Valles Centrales, Oaxaca, entre otros, donde las mineras canadienses han impuesto “condiciones de terror”.
Con ello, Beatriz Oliveira dejó entrever que quien se han beneficiado de la relación bilateral, a partir de estos proyectos extractivos, ha sido la minería canadiense.
Los daños ambientales
De acuerdo con el colectivo, los proyectos mineros entre los que se encuentran las mineras canadienses han provocado daños ambientales, ya que realizan sus actividades a “cielo abierto”. Estas acciones están prohibidas en los países desarrollados, pues generan deforestación, intensa sobreexplotación y contaminación del agua, así como del suelo y el aire, debido al uso de arsénico, cianuro, plomo, cadmio, sulfato de cobre e incluso mercurio.
“Estos proyectos generan destrucción ambiental irreversible, dañan las economías locales y causan problemas de salud muy graves como daños dermatológicos y renales, distintos tipos de cáncer, afectaciones neurológicas y alteraciones en el desarrollo en niños, en especial los que van a nacer” indicó.