A inicios de este año se inició el debate oral y público en contra de cinco expatrulleros de la defensa civil presuntamente acusados de cometer violencia sexual en contra de 36 mujeres indígenas maya achí, en Guatemala. A lo largo de esta quincena se ha llevado a cabo el juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo A, lo que representa un halo de esperanza para alcanzar justicia. Hace 40 años los perpetradores cometieron estos delitos en el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, en Guatemala. Fue en el período entre 1981 y 1985, conocido como el período cúspide de la violencia en el contexto del conflicto armado interno, durante la dictadura de José Efraín Ríos Montt. Según informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el conflicto de la guerra civil guatemalteca dejó un saldo de más de 200 mil víctimas, así como más de 45 mil personas desaparecidas, entre ellos alrededor de cinco mil niños y niñas. Estas mujeres desde entonces iniciaron un largo andar en el sistema de justicia penal guatemalteco que las ha llevado a esperar por cuatro décadas y que ha pesado sobre las marcas de sus cuerpos y sobre la memoria histórica del país vecino.
La violencia de una guerra sobre los cuerpos de las mujeres
“El dolor de mi bebé, yo tenía 7 meses de embarazo cuando me violaron y todavía yo le dije como cien veces […] que Dios escuché, que me perdonaran, porque yo estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo y perdí mi bebé. Ese es el dolor que cargo en mi corazón. Tanto dolor, tanto sufrimiento. Es por eso que esperamos a la justicia”, relató Antonia Xitumul, quien tenía 17 años cuando fue víctima de violación. Estaba embarazada.Y es que hace cuatro décadas, Antonia fue víctima de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), un grupo paramilitar que operó como ofensiva a la guerrilla desde 1981 hasta 1996, cuando se dio la demovilización de este cuerpo, conformado en su mayoría por indígenas civiles cuyas edades iban de los 15 a 60 años, como parte de los procesos de paz.
“Que la jueza que condena los cinco patrulleros, porque son ellos los que causaron la violencia sexual en contra de las mujeres. Ya se dio a conocer que son las patrulleras que causaron el daño”, compartió Paulina Ixpatá Alvarado, quien también es sobreviviente.Con pequeños suspiros, causados por el asma que padece, Paulina explicó a los medios de comunicación locales que “me llevaron […] me tuvieron 25 días, durante esos días me violaron […] los patrulleros y también me van a bañar de noche, para llevar con el oficial. Entonces, a mí me causó una enfermedad, que es el asma. Con esa enfermedad estoy viviendo sólo con medicamento. Y después de eso, hace 9 años me quitaron mi matriz, me hicieron una operación, por causa de ese daño que pasó”. El objetivo para crear las Patrullas fue involucrar a la población civil, coordinados por el Ejército de Guatemala, para combatir la contrainsurgencia. Fueron creadas por el general Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército, durante el régimen de Romeo Lucas García. Estuvieron involucradas en graves violaciones a los derechos humanos como masacres –en 1982, las PAC masacraron a 256 personas en la aldea Plan de Sánchez, en Baja Verapaz– desapariciones forzadas y violencia sexual. Durante la dictadura de Ríos Montt, la población indígena fue acusada de participar en la guerrilla y fueron víctimas incluso de genocidios. El conflicto armado interno se enmarcó en el contexto de la imposición de Estados Unidos y el conflicto de la Guerra Fría que tuvo efectos sobre la región de Centroamérica, cuyo objetivo era frenar la supuesta expansión de lo que consideraban la “amenaza comunista”.
Lucha jurídica
En 2011 las mujeres indígenas achí recolectaron los testimonios y realizaron las respectivas denuncias, no obstante, fue hasta el 11 de mayo de 2018, como refiere la organización WOLA, que seis presuntos integrantes de las PAC fueron capturados y acusados por delitos de lesa humanidad y puestos en prisión preventiva. Ese mismo año en la Cámara de Diputados se presentó la iniciativa de ley 5377, para reformar la Ley de Reconciliación Nacional, que puso en riesgo el caso y revictimizaba a las sobrevivientes, porque era una amnistía a quienes cometieron estos delitos. En 2019, los presuntos acusados fueron liberados por instrucción de Claudette Domínguez, jueza que llevaba el caso, ya que desestimó las más de 200 piezas de evidencia, que incluían documentos militares, testigos y los testimonios de las sobrevivientes. La jueza fue demandada por las mujeres achí ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por discriminación y racismo.“Dejaron en libertad los patrulleros y eso es un dolor para nosotros, porque como que no se toma en cuenta nuestro testimonio y el daño que nos hicieron. Después de todo esto hay otros que están en libertad”, denunció Paulina Ixpatá.El caso fue reabierto en 2020 y llevado por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien determinó en fase probatoria que había pruebas suficientes para ordenar la detención inmediata de Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, así como Damián, Gabriel y Francisco Cuxum Alvarado. No obstante, fue hasta 2021 que la jueza Yassmin Barrios reanudó el caso y en la actualidad ella preside el juicio público. Asimismo en septiembre de ese año la organización internacional Impunity Watch presentó un “amicus curiae”, para avanzar en el caso. El 4 de enero iniciaría el juicio público, aunque se suspendió porque uno de los imputados no contaba con abogado. Se reinició un día después.
“Desde la presentación de los peritajes se ha evidenciado que Guatemala implementó dentro de su política contrasubversiva también una estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, declaró Lucía Xiloj, una de las tres abogadas de las querellantes.Este es el segundo juicio por violencia sexual contra mujeres indígenas ante los tribunales de Guatemala. El primero fue el caso Súper Zarco (2016), en el que 15 mujeres Q’eqchi fueron víctimas de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica, por lo que se condenó a dos militares.