Dos motonetas transitaban sobre la calle Robles Domínguez, al norte de Ciudad de México, eran Angélica, su hermano menor y Sergio, quienes salieron por algo de cenar pasada la media noche del 30 de septiembre. Al cruzar una calle, 13 sujetos armados le cerraron el paso, les apuntaron con armas y los subieron a golpes a cuatro carros privados.
En esos carros iban presuntamente policías antisecuestros del Estado de México, que durante el camino los fueron golpeando sin explicarles lo que pasaba. Los detenidos pensaron que se trataba de un secuestro o un robo porque los tiraron al piso de los carros y siguieron una ruta desconocida. Les preguntaban datos personales como su dirección, nombres y teléfonos de familiares.
El convoy de carros se detuvo cuando los policías tenían todos los datos que necesitaban. Los bajaron en un lugar abandonado, como un estacionamiento, recuerda Angélica cuando fue detenida por el policía Caros Alberto Hernández. A su hermano, el menor de edad, le dieron descargas eléctricas y a todos los golpeaban con las armas en la parte trasera de la cabeza.
Los motociclistas fueron presentados en la Fiscalía de Tlalnepantla tres horas después de su detención, los policías que entraron a Ciudad de México por un acuerdo de colaboración 213A00000/4048/2015 firmado a las 23:00 horas del 29 de septiembre.
En la casa de Angélica y su hermano menor, la familia ya estaba preocupada porque los hermanos sólo habían ido por tacos y ya tenían más de una hora que no regresaban. Su madre y Jany salieron a buscarlos, en casa de amigos, en los tacos donde habían ido o cualquier otra parte.
Jany fue al departamento de su hermana Angélica para ver si estaban ahí. Cuando llegó al edificio se dio cuenta que había policías que estaban sacando todo de la casa.
Explicó que era hermana de la propietaria, el policía Alberto Hernández la detiene. Fue trasladada a la fiscalía de Tlalnepantla, con sus hermanos. Durante todo el camino recibió amenazas de muerte y golpes.
Los cuatro detenidos permanecieron en una galera. Un policía declaró que sólo se comunicó con ellos para “leerles sus derechos y tener una pequeña platica”, sin embargo, los detenidos expusieron que fueron torturados para dar una confesión, por el policía Carlos Alberto Hernández quien les colocaba bolsas de plástico en la cabeza y amenazaba.
La documentación, a la que Once Noticias tuvo acceso, señala que al mando de las actuaciones estaban el comandante Hugo Flores y el policía Carlos Alberto Hernández. Estos deciden trasladar a los torturados a la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México (FAS) a las siete de la mañana, justificando que ahí es donde se habían cometido el supuesto secuestro del que acusaban a los hermanos.
En la FAS reciben el caso radicado en el expediente FAS/T2/983/15-19 causa 170/2015.
Al llegar a la Fiscalía capitalina los detenidos recibieron algunos documentos y los pasaron a la cámara de Gesell. Jany, Angélica y Sergio ya firmaban documentos sin poner objeción. La vinculación siguió y 48 horas después los trasladaron a diferentes reclusorios de la ciudad.
Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en México hay 218 mil personas privadas de su libertad y organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, afirman que el 50% de la población carcelaria no ha cometido ningún delito.
Armar un caso
Las declaraciones del policía Víctor Hugo Medina, del Área de Negociación y Manejo de Crisis, implicado en el caso, señalan que acudió al domicilio de quienes denunciaron un plagio y escucha llamadas con los secuestradores.
En la negociación, acordaron 73 mil pesos y seis relojes de recompensa, el pago sería a las 00:30, en Insurgentes Norte, pasando la avenida Cien Metros. Confesó que no se necesita autorización de los superiores sino de los familiares de la víctima para hacer el operativo de rescate.
Las demás versiones de los policías son muy parecidas, salvo que algunos señalan diferentes lugares en donde hacen las detenciones de los supuestos cobradores del rescate.
De acuerdo a la versión del operativo, un elemento policial dejó una mochila con dinero y los relojes en el punto acordado, mientras otros agentes realizaron una “vigilancia discreta”. Personas que se acercaron a recoger el maletín fueron arrestados.
En todas las declaraciones de los ministeriales, “el hombre que recoge la maleta con dinero, logra escaparse” del operativo. Los detenidos fueron entrevistados sin abogado y sin una autoridad competente, ya que “se les preguntó sobre el paradero de la víctima” y, según el policía, ellos respondieron que estaba en el domicilio de Angélica.
En los documentos revisados por Once Noticias, el Ministerio Público confirma que “no hubo cadenas de custodia del lugar de los hechos, del hallazgo, ni de huellas o indicios, así como instrumentos o productos del delito ya que no hubo peritaje”.
Esto se traduce que no existe una sola prueba física del delito que haya sido documentada por la fiscalía de Tlalnepantla o de Ciudad de México. Ni la casa, ni la cuerda con la que estaba maniatada, ni la cinta canela, ni el cuarto, ni nada. Las únicas pruebas son el dicho de la policía y documentos firmados por los hermanos detenidos.
El Juzgado 21 de lo Penal señaló que “en las actuaciones policiales se advierte que los pusieron ante una autoridad ministerial en Tlalnepantla y luego fueron trasladados a la FAS, por lo tanto, no se transgredieron ninguna formalidad procesal al haber capturado a los detenidos”.
Sobre la tortura que declararon los detenidos, el magistrado concluyó:
No obra prueba que robustezca esas declaraciones. En los certificados médicos se advierte que no tienen lesiones que correspondan a agresiones físicas. Además de que no habría ningún interés de los policías para inferir amenazas a los justiciables”.
El juicio tardo cinco años en resolverse, durante ese tiempo Jany, Angélica y Sergio permanecieron en prisión. El proceso del joven menor de edad se llevó a cabo en otros tribunales y la sentencia fue absolutoria.
Fueron declarados culpables, por el delito de secuestro agravado, con sentencias entre 55 y 56 años de prisión.
Organizaciones como el Observatorio de Prisión han mencionado que la violencia en las prisiones es un tema importante, ya que en el 2020 se registraron mil 821 incidentes violentos de los que resultaron 773 decesos.