Reportajes especiales

“No sólo está preso él, aunque yo no esté en la cárcel, también soy presa”

Organizaciones denuncian extorsiones en cárceles a familiares de personas privadas de su libertad

Organizaciones civiles piden que se detenga la corrupción y la tortura dentro de los centros penitenciarios de Ciudad de México y el área Metropolitana, pues, denuncian, que extorsiones y abusos de poder se han vuelto comunes. Once Noticias habló con Ana, familiar de dos presos, uno en Puebla y otro en el Bordo de Xochiaca; reservó los nombres por seguridad. Desde que fueron ingresados los han torturado y les piden dinero para darles una protección, que de acuerdo Ana, consta “en que si no les damos ese dinero les pegan”.
“A nosotras para pasar nos piden una cuota y todo esto se da porque los custodios también pertenecen a un sistema en el que les exigen esas cuentas y bueno algunos son muy pasados de la raya por su poder, abusan porque ellos tienen el mando. Hay que pagar por todo, si una quiere pasar con uñas hay que pagar 20 pesos por mano, si quieres pasar comida o agua también cobran, si vengo con tenis o con otros zapatos que no dejan ese día también hay que pagar, para todo, absolutamente para todo hay que pagar”, dijo nuestra fuente, en entrevista.
Según la Fundación por la Cultura de los Derechos Humanos, dentro de los penales hay agresiones físicas y verbales graves, y también hay violaciones a los derechos constitucionales como el acceso al agua o la alimentación.
“Creemos que no se puede cambiar de un día para otro, pero no es tolerable que los internos o sus familias tengan que pagar miles de pesos por una visita o por cualquier actividad. Vemos muchísima corrupción dentro de los penales, si alguno no paga, le dan una o dos golpizas, si denuncian ante derechos humanos también los golpean, y en muchos casos tienen miedo porque les dicen que ‘las riñas que ocasionan’ pueden alargar su condena si lo asientan en su carpeta”, comentó David Arévalo, representante de la Fundación por los Derechos Humanos.
Dentro de sus propuestas menciona que se tiene que cambiar el código de actuación de los custodios, también hace falta una transformación en los protocolos de ingreso a los centros penitenciarios. “Un día de visita me sale en mil 500 pesos, entre alimentación, pasajes, y todo lo que hay que pagar dentro del penal. A las familias nos están sacando muchísimo dinero. Mis familiares tienen cuatro años y les faltan diez. Una vez a la semana tenemos que pasar por un infierno para la visita”, relató Ana. Tras la pandemia suspendieron las vistas y eso trajo muchas crisis dentro de las cárceles pues el agua y la comida en buen estado llegaban gracias a las visitas, y con la cancelación de estas también entraron en una crisis económica dentro de las mismas celdas.
“Ellos (los nuevos internos) no pueden generar dinero porque entre custodios y algunos internos tienen el control de todo el comercio del penal, si le quiero llevar para que venda unos cigarritos y que él pueda generar algo, los custodios o internos se lo quitan, le pegan y lo mandan al castigo, pero en las vistas ya ni comida le podíamos llevar”, mencionó Ana.
Para David Arévalo, de la Fundación, las condiciones de la alimentación que se les otorga a las personas privadas de su libertad son precarias. “Se sabe que hay graves ataques dentro de los internos que controlan el penal y son con la anuencia de las autoridades penitenciarias, y bueno la otra es que los casos no son revisados. Hay muchas personas que podrían ser libres, pero siguen dentro de la cárcel por la burocracia y los largos tiempos del sistema penal y eso también abona a la siguiente problemática que es la sobrepoblación”, mencionaron desde la Fundación de la Cultura por los Derechos Humanos. En todos los estados del país hay una sobrepoblación carcelaria que abona a la violencia y los abusos dentro de los centros penitenciarios. La capital del país no está exenta de este fenómeno, según explicó David Arevalo.
“Es necesario que amplíen el presupuesto y que esto se convierta inmediatamente en un tema prioritario, para que haya un verdadero sistema de readaptación y para que puedan tener una vida dentro de los estándares internacionales de los derechos humanos. A veces por las personas salen con secuelas muy preocupantes por los daños que les ocasionan esos lugares. Lo peor de todo es que no hay nadie que intervenga, la CNDH no hace lo pertinente para que las personas privadas de la libertad puedan vivir mejor”, concluyó Arévalo.
Las secuelas de una persona privada de la libertad pueden reflejarse en lesiones físicas o psicológicas, pero también sociales, pues todas las personas que rodean a algún preso sufren las consecuencias del sistema penitenciario. “No sólo está preso él, porque aunque no estoy en la cárcel yo también soy presa. Tuve que tener un empleo extra y hay que trabajar mucho para apoyar mi gente. Todo cambió desde ese día”, expresó Ana, sobre sus familiares privados de la libertad.

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