Son ocho años los que han pasado desde ese 6 de agosto de 2014 cuando la empresa minera Buenavista del Cobre SA de CV, filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi. Esa agua recorrió 254 km hasta llegar a la presa El Molinito, que provee de agua a la ciudad de Hermosillo.
El derrame afectó a más de 22 mil personas de 7 municipios situados en la cuenca del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
Por este derrame, Profepa impuso a Buenavista del Cobre una multa de 23 millones de pesos a una de las empresas más grandes del mundo –cuyo dueño es Germán Larrea Mota Velasco y es la tercera productora de cobre a nivel global–.
Hasta la actualidad no se ha dado una remediación integral y las dependencias involucradas como Semarnat, Profepa, Secretaría de Salud, Conagua y Secretaría de Economía, no han garantizado a la población afectada que no se vuelva a repetir este desastre ecológico, por lo que persiste la zozobra, tal como denunciaron representantes de los Comités de Cuencas del Río Sonora, firmantes e integrante del Frente de Sonora, que aglutina movimiento sociales de la entidad.
Y es que los Comités y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), a través de un comunicado publicado el pasado 17 de marzo, ya no están dispuestos ni dispuestas a esperar más los retrasos y la falta de coordinación institucional, por lo que decidieron posponer el diálogo que tenían acordado en marzo con las autoridades, como parte del Plan de Justicia para Cananea.
Señalaron que quieren avances concretos, claros y firmes, para garantizar un trabajo sustantivo con un plan estructurado “que atienda las urgencias en materias de salud, agua y medio ambiente, la atención a medidas cautelares, remediación y garantía de no repetición”.
Denunciaron que la minera continúa operando sin un plan de Manejo de Residuos Mineros y Metalúrgicos, desde hace 11 años. Esto fue confirmado por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de una reunión informativa que sostuvieron con los Comités.
Cuestionan que sí Grupo México incumple con la NOM-157 SEMARNAT-2009 pueda operar sin dicho Plan de Manejo.
La reunión que sostuvieron con las autoridades, enfatizan, fue producto de años de litigios y sentencias a favor de los afectados, incluido un juicio de amparo 144/2015, del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, confirmada en 2021 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolverse el recurso de revisión 247/2019, tal como comunicaron los Comités.
Impunidad medioambiental, promesas incumplidas
La memoria colectiva sonorense se ha tejido a través de resguardar injusticias que han marcado su historia reciente, entre ellas, no sólo por el dolor que dejaron, sino por la persistente impunidad
El caso del derrame tóxico en el Río Sonora y Bacanuchi marcaron a la población de la entidad. Conagua calcula, según el informe que realizaron los Comités en 2020, que el derrame aportó una masa de 74.8 toneladas de metales al ecosistema, principalmente hierro y aluminio (83%) manganeso y zinc (8%).
Las familias se han visto afectadas de múltiples formas –en su salud, economía y ambiental– y cada año que pasa, continúan a la espera que sean resueltas sus demandas, porque ha sido la organización de la población lo que los y las ha llevado a resistir en esa lucha, tal como compartieron los representantes de los Comités.
Uno de los voceros criticó que el proyecto político de la administración pasada (2015-2021) fue sobre una promesa: que Sonora se convertiría en una entidad líder en minería, no la atención a este desastre ambiental.
Algunas afectaciones
Respecto a las afectaciones de salud, expresaron los integrantes del Comité, han visto el aumento de algunas enfermedades de la piel y de cáncer, así como defunciones por esta misma enfermedad, asociado a la contaminación del Río Sonora.
Los integrantes de los Comités señalaron que existen más enfermos de los 381 casos que manejan las cifras oficiales; además denunciaron que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que daría seguimiento, está en obra negra y se canceló.
En el caso del agua, muchas familias no tienen acceso a agua potable. Y es que hasta ahora, señalaron los integrantes de los Comités, el Fideicomiso prometió 36 plantas potabilizadoras, construyeron 10 y sólo funcionaba la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y, de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures), “además las potabilizadoras móviles no funcionan, están abandonadas y no están dando el servicio que se deberían dar”, señaló una de las integrantes de los Comité.
La agenda para la remediación integral no se ha cumplido a cabalidad, por ejemplo, luego del derrame tóxico en 2014, se creó el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado que nació del convenio entre Buenavista del Cobre, SA de CV y el Gobierno Federal, para canalizar recursos necesarios —2 mil millones de pesos comprometidos por la empresa, pero sólo ejerció 61%— para la remediación ambiental y la reparación de los daños.
Sin embargo, desde el principio, ese mecanismo se caracterizó por ser opaco, fallido e insuficiente. En enero de 2020, los Comités de Cuenca de Sonora tuvieron un triunfo enorme porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto el cierre del Fideicomiso y reconoció que las autoridades ambientales y la empresa Buenavista del Cobre (Grupo México), debieron consultar a las comunidades para implementarlo. Desde entonces en la lucha legal los Comités han logrado, con apoyo de PODER, tres amparos sobre el Fideicomiso Río Sonora.
En 2019, Andrés Manuel López Obrador prometió presentar un plan para llevar justicia a las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora, una promesa, que señalan los voceros de los Comités continúan a la espera.
En febrero pasado, los comités comunicaron que las autoridades estatales y federales, en una reunión que tuvieron, dieron resultados parciales sobre la presencia de metales pesados en Río Sonora, pero no dieron resultados de bioacumulación.
Los integrantes de los Comités reafirmaron que “la lucha es por tener agua limpia, salud y medioambientes sanos, no por el beneficio individual, la lucha es por todos y para todos”, por lo que Comités de Cuenca Sonora exigen 7 puntos para la remediación integral del Río Sonora:
- Gestión, instalación y funcionamiento de plantas potabilizadoras con filtración de metales pesados y reubicación de pozos contaminados.
- Un centro médico especializado en salud ambiental, equipado y listo para recibir a las personas afectadas y centros de salud a lo largo del Río.
- Remediación y monitoreo constante de contaminantes en el medio ambiente (que incluya agua, suelo, aire, fauna y flora).
- Reactivación Integral del campo, con especial atención a los pequeños agricultores y ganaderos.
- Transparencia y participación efectiva de las comunidades, sin intermediarios, en futuras implementaciones de los fondos de remediación.
- Cuentas claras y transparentes sobre el manejo del dinero del Fideicomiso.
- Fin de la impunidad de Grupo México SA de CV.
El próximo encuentro con autoridades está previsto para el próximo 8 de abril con vistas a acciones concretas, enfatizaron.