El Cártel del Pacífico y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) cobran a los empresarios pesqueros un porcentaje de sus ganancias tras realizar sus ventas, denunció el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.
En entrevista con Once Noticias, Mario Salomón, country manager del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, señaló que las empresas pesqueras están cada día sometidas a la extorsión por parte de estos dos grupos de la delincuencia organizada.
“Esto genera afectaciones al empleo, a los ingresos, pues la gente deja de trabajar de manera honesta y es obligada a tener que pagar una extorsión y les quedan muy pocos márgenes de ganancia y los están obligando a cazar especies marinas que están en extinción para enviarlas a China y a cambio les pagan con droga o metanfetaminas y esto sí preocupa”, señaló.
El especialista en seguridad agregó que los estados colindantes con el Golfo de México son los sitios en donde estas agrupaciones mantienen un control del sector pesquero.
El representante de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial añadió que por ahora solo 60% de embarcaciones pesqueras realizan sus funciones debido al alto número de extorsiones.
Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), indicó que el sector pesquero de aguas interiores y marinas se encuentra abandonado y su futuro va a pique, porque al menos 50% de la pesca en México es irregular y gran cantidad de pescadores son obligados a trabajar para los cárteles.
En mayo de este año, una investigación del Instituto Brookings, dio a conocer que el Cártel del Pacifico y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen bajo control esta industria, con ello una gran cantidad de pescadores en nuestro país son forzados a abastecer la demanda de China con especies como el pepino de mar o la totoaba, misma que se vende en miles de dólares en el mercado asiático.
De acuerdo con el presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, Alejandro Desfassiaux, más de 250 mil pescadores padecen esta modalidad de extorsión, que incluso los propios extorsionadores se han convertido en los únicos compradores y comercializadores de los productos marinos.
“Además de robarles, secuestrarles y extorsionarles, los criminales obligan a pescadores a llevar un control de los volúmenes y especies capturadas, para que estos calculen el pago de la cuota”, expresó.
El experto en temas de seguridad resaltó que desde que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) abandonó la labor de inspección y vigilancia de la pesca en aguas nacionales.
“Este abandono permitió el incremento de la pesca ilegal en el país y que el crimen organizado ocupe funciones regulatorias del Estado. Además de claudicar en su obligación de brindar seguridad y legalidad a la pesca, el recorte presupuestal a la pesca hace suponer que la ilegalidad y el deterioro de los mares en México aumentará”, señaló.
Desfassiaux añadió que en todo el Golfo de México, donde hay una gran cantidad de embarcaciones pesqueras y 58 puertos, solo existen cinco inspectores de Conapesca, que se ha convertido en una figura decorativa, ya que se eliminaron 22 de los 23 programas que administraba, dejando un subsidio de apenas siete mil pesos al año por productor.
Por su parte, Mario Salomón hizo un llamado a las autoridades relacionadas con la seguridad del país a cambiar de estrategia de seguridad para evitar el llamado “cobro de mar”.
Sin ofrecer cifras por las pérdidas económicas debido a la secrecía de las organizaciones pesqueras, Salomón extendió la invitación a los grupos criminales para evitar afectaciones al sector pesquero.
“Que estas organizaciones dejen de afectar a las empresas, están ya invadiendo otras áreas y esto resulta inaceptable. Las empresas generan 90% de empleo en el país”, dijo.
A este llamado se sumó el presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, Alejandro Desfassiaux quien pidió a las autoridades reforzar la vigilancia de zonas costeras mediante tecnología de punta y monitoreo satelital, además de erradicar la corrupción e impunidad, así como la precariedad y falta de alternativas de las comunidades piscícolas y sobre todo, desarrollar políticas económicas integrales, a fin de hacer redituable la actividad pesquera en el país.