La violencia de género hacia las mujeres puede escalar de manera inmediata a un feminicidio; sin embargo, las autoridades dictan medidas y olvidan las órdenes de protección sin considerar el contexto de las víctimas, lo que las deja en la misma situación.
Este es el sistema de justicia vigente en México, un país donde cada día 11 mujeres y niñas son asesinadas, cuenta con 21 Alertas de Violencia de Género (AVG) y con recomendaciones internacionales por muertes violentas y desaparición de mujeres.
Tal es el caso de la cuidadora y defensora, Luz Raquel Padilla, quien denunció agresiones por parte de su vecino y la madre de éste, luego de ser atacada por ellos con cloro industrial, en 2021. Ella pidió el mecanismo de protección “Pulso de Vida”, pero le fue negado porque “las amenazas que recibía no eran causa suficiente para las autoridades”.
Las medidas de protección que tenía Luz vencieron el 9 de junio de 2022. La violencia continuó. El 16 de julio, personas aún desconocidas, rociaron alcohol y prendieron fuego a Luz, esto provocó quemaduras en 90% de su cuerpo y su fallecimiento.
Para los familiares de Luz, el principal sospechoso es el vecino con base en los hechos, pero la Fiscalía de Jalisco dijo que “no se cuenta con información que posicione a esa persona en el lugar en que ocurrieron”.
Este caso, coincidieron especialistas en derechos, es la constatación de un sistema de justicia que sólo finge proteger a las mujeres y niñas, que minimiza el riesgo, desvaloriza las denuncias, no aplica los protocolos para juzgar con “perspectiva de género”, desconoce los instrumentos internacionales de protección y actúa bajo prejuicios.
Protección condicionada
Ante una situación de violencia contra mujeres, explicó la directora de Equis Justicia para las Mujeres, Fatima Gamboa, las autoridades aplican las medidas de protección, un mecanismo que se encuentra dentro de sus Códigos Penales, éste no es eficaz porque no se enfoca en prevenir las agresiones y la protección no responde al contexto de violencia de la víctima.
En suma, dijo, para acceder a este mecanismo se les exige a las mujeres interponer una denuncia, lo que impone una “carga” para aquellas que buscan protección, pero no quieren iniciar una carpeta de investigación que requiera cumplir con trámites burocráticos o por miedo a mayores represalias de sus agresores.
“Eso provoca que la protección en México sea secundaría a una denuncia y no una obligación principal y un derecho de las mujeres para garantizar la vida libre de violencia. En la mayoría de los casos, esa denuncia no se va a investigar, no se va a pasar a un juez. Esa denuncia se va a quedar en la impunidad”, declaró Gamboa.
Al tener casi nula protección las medidas, enfatizó, sería necesario que las autoridades las complementen dictando órdenes de protección: una medida legal pensada para evitar que una mujer o niña sea agredida o sea víctima de feminicidio y contenida en el Artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De esta forma, dijo, la protección no estaría supeditada a un plazo específico y la seguridad podría ser reforzada. De acuerdo con el Código Penal, las medidas de protección tienen una duración máxima de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días. Mientras que las órdenes de protección son vigentes hasta que el riesgo cese.
No obstante, detalló, las órdenes también enfrentan algunas problemáticas para que sean efectivas, como que las autoridades las desconocen y no las aplican, son confundidas con las medidas de protección, condicionan la protección a una denuncia, no hay un seguimiento de su aplicación, y muchas veces son dictadas sin un estudio previo de riesgo.
A decir de Gamboa, menos del 1% de las denuncias llega a una sentencia y 69% de las y los jueces no dictan órdenes de protección para las mujeres en sus sentencias, a pesar de existir una situación de violencia.
“¿La acaban de lastimar?”
Para la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), organización de atención para mujeres y menores de edad en situación de violencia, Wendy Figueroa Morales, si las autoridades actuarán de manera correcta y pronta 49% de los casos de feminicidio no hubieran ocurrido, uno de ellos podría haber sido el de Luz Raquel.
Sin embargo, con base en su experiencia, cinco de cada ocho mujeres que buscaron ayuda en RNR acudieron antes a tres instancias gubernamentales de justicia, en las que no recibieron la atención que requerían y los Centros de Justicia (un espacio donde se concentran servicios especializados, integrales e interinstitucionales, que atienden a mujeres y niñas) les negaron renovar sus órdenes de protección.
“Las preguntas que les hacían las autoridades era: ‘¿la acaban de lastimar?’ Como si para renovar las órdenes de protección las mujeres tuvieran que ir heridas. Los mecanismos que existen no se pueden ver aislados, una mujer que está en un refugio no quiere decir que no necesita las órdenes de protección”, declaró.
Este panorama, expresó, es la prueba de que el sistema de México no es integral, ni justo, ni expedito. En vez de ello, es revictimizante, omiso, impune y complice de los asesinatos y violencia contra las mujeres, por lo que el caso de Luz Raquel puede suceder de nuevo, algunos serán conocidos de manera pública, otros quedarán en el olvido.
En su opinión, las actuales medidas u órdenes de protección no previenen un feminicidio ni un ataque con ácido porque no hay un trabajo articulado entre las autoridades e instituciones de todos los niveles de gobierno.
Volver a la prevención
Ambas especialistas concordaron en que es necesario que las autoridades y organizaciones vuelvan a trabajar en los principios de la prevención, en donde las autoridades en el ámbito de sus competencias tengan obligaciones de debida diligencia ante posibles situaciones de violencia hacia mujeres.
A la par de ello, dijeron, tejer una red interinstitucional de protección que haga frente a la inexistente política de prevención, homologar la ley mexicana con los estándar de protección internacionales y exigir la justicia integral.
