La fiscal general de Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció la reapertura de la investigación del asesinato de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, ocurrido hace 21 años.
En el marco de la disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano, Godoy afirmó que la investigación estará a cargo de una Unidad Especializada, conformada por un equipo multidisciplinario que cuenta con el voto de confianza de la familia Ochoa y Plácido.
Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que el Estado Mexicano no pudo garantizar la seguridad e integridad personal de Digna Ochoa, hallada muerta en su despacho el 19 de octubre de 2001 y tampoco el acceso pleno a la justicia en el caso.
La defensora de derechos humanos era una de las principales abogadas de las víctimas de las masacres oficiales cometidas en Guerrero y Chiapas durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
El caso de Digna Ochoa
Digna Ochoa y Plácido fue hallada sin vida en su despacho de la colonia Roma, el 19 de octubre de 2001. La abogada veracruzana de 37 años laboraba desde 1988 en el Centro Prodh en Ciudad de México, acompañando jurídicamente casos de violaciones graves a los derechos humanos como la Masacre de Aguas Blancas, en la que 17 campesinos fueron asesinados a manos de la policía estatal de Guerrero, así como el caso de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de terrorismo.
Además, estaba involucrada en el cado de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, dos campesinos ecologistas detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del Ejército Mexicano.
A 21 años de su muerte, tanto su familia como su representación legal, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, sostienen que se trató de un crimen de Estado.
Antes de su muerte, Digna Ochoa recibió amenazas vinculadas a su actividad como defensora de derechos humanos y fue víctima de dos secuestros en 1999.
El Centro Prodh también recibió tres sobres con amenazas, una de ellas expresamente dirigida a Ochoa, razón por la cual la defensora solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a su vez pidió al Estado Mexicano protección urgente.
Asimsimo, levantó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero no se identificó a los autores de las amenazas y ataques.