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Son diversas las problemáticas que enfrentan las infancias indígenas, producto de una larga historia de discriminación y exclusión que ha existido hacia sus comunidades.
Por un lado, prevalece la condición de pobreza en pueblos indígenas, de acuerdo a datos de Coneval (2020), y se concentra en los mismos estados que han encabezado de forma histórica las cifras: Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Los datos apuntan a que en 9 de cada 10 municipios indígenas, más del 60% de su población se encuentra en condición de pobreza.
Ese panorama, por otro lado, es atravesado por la violencia de género, la migración, la trata y explotación infantil, el desplazamiento forzado interno (DFI) y el despojo de lo territorios.
Esta situación preocupa a organizaciones, dada la complejidad del fenómeno, por lo que proponen erradicar la violencia en todas sus vertientes y promover el respeto de los derechos humanos de infancias indígenas, de acuerdo a REDIM AC, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y Melel Xojobal.
Prevenir las violencias
Julieta Martínez, presidenta y fundadora de la organización Redim AC, en entrevista con Once Noticias, dijo que han adoptado diversas medidas para trabajar principalmente prevención de violencia.
“Tratamos de establecer acciones que nos permitan construir entornos sanos y seguros para los chiquitines orientado en prevención de temas de violencia, violencia de género, familiar y abuso sexual, un tema grave y en el que México ocupa los primeros lugares”, comenta a Once Noticias.
Otro punto que les preocupa son los embarazos en niñas y adolescentes, por lo que realizan talleres en las comunidades, que se imparten en todas las lenguas indígenas, para brindar orientación a mujeres.
“Todavía está el tema del machismo en comunidades indígenas y que limita el acceso para que se aborden estos temas, pero también hablamos del cuidado del cuerpo, de la autoestima”, dijo.
Añade que su organización también trabaja el tema de trata y explotación de infancias, dado que en el país es un fenómeno que se ha extendido y que afecta principalmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres.
De acuerdo, al Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020, 21.2 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de trata, lo que representó una tasa de prevalencia delictiva de 23 mil 520 víctimas por cada 100 mil habitantes. En el caso de las infancias, una de cada tres víctimas de trata son niñas y niños, tal como reveló el Informe mundial sobre Trata de Personas 2020.
Un enfoque de derechos humanos
En tanto que, Alicia Vargas Ayala, directora general del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, compartió que para referirse a la niñez indígena se debe hablar de las condiciones estructurales que mantienen a esta población en condiciones de exclusión y marginalidad.
Vargas Ayala ejemplificó el caso de la comunidad otomí, residente en Ciudad de México, que se ha enfrentado a contextos urbanos agrestes, “son familias de comunidades que han emigrado a zonas urbanas; las que emigran del pueblo otomí a la Ciudad de México [son] un sector que ha vivido contextos graves por la falta de garantía de sus derechos”, dijo.
La experta consideró que la violencia, discriminación y desigualdad ha dejado lastres en las vidas de niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios.
“Se encuentra (la niñez indígena) frente a temas como pérdida de su cultura, la desintegración familiar, deserción escolar y por eso emigran (a Ciudad de México), para mejorar su sobrevivencia, pero ahí se hallan frente a trata laboral. Debemos regresar a la revisión histórica de lo que ha afectado a esos pueblos”, expresó al medio.
Agregó que al llegar a la ciudad se involucran en otros riesgos como el consumo de sustancias, por lo que abogó en generar nuevas narrativas y políticas integrales desde un enfoque de derechos humanos.
“Lo mismo pasa con la trata de personas, peligros a los que están expuestos e impactan en la familia; ¿qué hacer ante ello? Lo primero, es una nueva narrativa desde la perspectiva de interseccionalidad de los derechos humanos, es decir, proponer que haya política de integralidad con enfoque de derechos humanos”, dijo.
Políticas públicas que protejan costumbres
En tanto, Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la organización Melel Xojobal, ubicada en San Cristóbal de las Casas y que trabaja con niños indígenas que viven con sus familias en contextos urbanos, reconoce que, pese a los esfuerzos, no han habido muchos cambios en cuanto a la situación de desigualdad y empobrecimiento de infancias indígenas ni sobre sus brechas en cuestión de derechos humanos.
El planteamiento de la directora, dijo, es contextualizar lo que viven las infancias en sus lugares de origen, en su caso, desde lo que viven en Chiapas, entidad que concentra altos niveles de pobreza.
Haza sostiene que en aquella entidad, han aumentado los desplazamientos forzados a causa de la presencia de grupos armados en la región, por temas de despojo en los territorios, y por conflictos agrarios, tal es el caso de Aldama y Chenalhó.
“Eso impacta a las infancias, corta sus cotidianidades de un día para otro. Y es que los niños a veces no cuentan con documentos de identidad cuando llegan a un destino. En Chiapas persiste el problema donde 4 de cada 10 niños indígenas no tiene registro de nacimiento ni acceso a salud y educación escolar”, relató.
Precisó que también está el problema de las desapariciones, que más que nada es una problemática nacional muy grave. Otra problemática que han visualizado es la trata, dado que las personas indígenas que migran a otras entidades son vulnerables a ser cooptadas para ser explotadas o esclavizadas al llegar a los lugares de destino.
Ante la falta de oportunidades en actividades económicas, al emigrar a otras ciudades, las familias indígenas se emplean en el comercio informal. Además, son víctimas de criminalización por autoridades locales.
“Y eso lleva a que detienen a las madres, las separen de sus hijos e hijas, que llevan al DIF, y acusan a la familia de explotación infantil cuando no se comprende la circunstancia de empobrecimiento y violencia que llevó a esos niños a trabajar así, pero la realidad es que la familia es protección para los niños”.
Puntualiza que, es ahí donde las autoridades deben reconocer prácticas culturales, comprenderlas y desarrollar políticas públicas enfocadas en proteger a las infancias de pueblos originarios que se encuentran en estos contextos.
“Las autoridades dicen nada más: ‘aquí no puedes trabajar porque está prohibido y usted (padre o madre) está explotando a su hijo´. Y eso lo vemos de forma constante en municipios de alta marginación en Chiapas, donde también están los problemas que enfrenta la infancia jornalera”, finaliza.