El pasado 31 de enero, Nayib Bukele anunció en cadena nacional un nuevo megaproyecto que promete coronar la estrategia de seguridad impulsada con su administración: una megacárcel para asegurar a 40 mil pandilleros.
Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, aseguró que este penal es el más grande de América Latina. Se ubica en la zona rural de Tecoluca, en el departamento de San Vicente,a 74 kilómetros al sureste de San Salvador. El predio se extiende sobre 166 hectáreas y cuenta con una docena de pabellones de 23 hectáreas.
Este centro penitenciario es llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y según el anuncio que hizo Bukele posee tecnología de punta por sus sistemas de vigilancia con circuitos de video y escáner para revisar a quienes ingresen.
Osiris Luna, director de Centros Penales dijo que en esta cárcel se ubicarán las cabecillas de las pandillas, incluidos jefes de las clicas, miembros, colaboradores y “todos los que pertenezcan a grupos terroristas”.
Esta cárcel se inauguraría en septiembre, pero se retrasó. El mandatario de origen palestino no señaló cuándo serán trasladadas las personas, aunque aseguró que es una pieza fundamental para ganar por completo la “guerra contra pandillas”.
Este centro penal se inaugura en medio de una situación de crisis con respecto a los derechos humanos en El Salvador, lo que ha traído, desde la perspectiva internacional y local, divisiones en la opinión pública.
Control territorial + régimen de excepción
En la percepción social prevalece aprobación del régimen de excepción. Aquí, algunas de ellas.
La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), que se hizo en septiembre de 2022, refuerza tal percepción aunque esa aprobación disminuye con respecto a las faltas de garantías individuales.
Además, hay otras preocupaciones que consideran las personas encuestadas, por ejemplo, el alto costo de vida y la situación económica en El Salvador, cuyo promedio de salario mínimo es de 300 dólares mensuales.
Datos oficiales señalan que en lo que va del año la canasta básica alcanzó el costo más alto de la historia: 240.37 dólares en zonas urbanas y 181.54 en el campo. El costo de combustibles oscila entre 3 y 4 dólares por litro.
Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 de CEPAL mostró que más de 30 % de la población salvadoreña se situó en 2021 en niveles de pobreza, datos que fueron reafirmado por la Encuesta de Hogares de ese año divulgada por la Dirección de Estadísticas y Censo (Digestyc).
El informe proyectó que, en 2022, las tasas de pobreza se mantuvieron y 32.1% de la población total vivían en situación de pobreza, además 13.1% se encuentran en pobreza extrema.
Pero las cifras no son fortuitas, y el combate a la criminalidad deviene de un problema estructural que no se solucionará con políticas punitivas, tal como aseguraron expertos a Once Noticias.
El costo: un Estado punitivo
Hace algunos días, en medios salvadoreños se expuso que pandillas como la Mara Salvatrucha-13, las dos facciones del Barrio 18 (Sureños y Revolucionarios) y otras pandillas menores, como la Mao-Mao, La Mirada Locos o CODEMAR, ya no existen como lo hicieron históricamente en El Salvador.
Rachel García, habitante del departamento de Santa Ana, ubicado en el Occidente del país, recordó en entrevista que la población vivía asolada por la exacerbación de la violencia pública: asaltos, extorsiones, homicidios, amenazas. Esto tenía efecto sobre las movilidades de las personas.
Mario Aguilar, coincide y cuenta que ir de una colonia a otra era complicado, principalmente para jóvenes, porque los territorios estaban tomados por las clicas y si provenías de territorios contrarios a la que imperaba, eras víctima de extorsión e incluso de asesinato. Además, eran las juventudes, quienes padecieron, mayoritariamente, los estragos de las pandillas.
Sin embargo, esa “guerra contra las pandillas” que ha impulsado el gobierno salvadoreño, contrasta con graves abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad e incluyen más de 60 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos durante la detención, así como violaciones al debido proceso, de acuerdo con Human Right Watch y Cristosal.
El régimen de excepción comenzó en realidad como parte del Plan Control Territorial, en 2019, y tiene cinco fases: control territorial, oportunidades, modernización, incursión y extracción. En la actualidad, señala Joel Avilés, abogado salvadoreño, se encuentra en vigor la quinta etapa.
En cada etapa han existido detenciones ilegales y arbitrarias. En la actual, las fuerzas de seguridad militar tienen cercos y hacen revisiones casa por casa en búsqueda de pandilleros; ante cualquier sospecha las personas son detenidas sin orden de aprehensión.
Pero ese plan forma parte de medidas represivas históricas, que han intentado acabar con el fenómeno delincuencial después de los años del conflicto armado, y que se aplican de forma desigual, dado que existe un perfil de las personas que son detenidas: juventudes, pero también personas en condiciones de pobreza que viven en los focos y colonias en donde se asentaron esas pandillas.
Estado de excepción concebida en un contexto de guerrilla
Joel, quien es originario del municipio Mejicanos, ubicado en San Salvador, ha sido revisado por las autoridades en diversas ocasiones. Ha documentado también testimonios sobre desapariciones y detenciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en el municipio en el que vive.
“La política criminal está enfrascada en la represión. Ellos hablan que en el Plan Control Territorial existe algo diferente, no sólo represión, sino que también abren espacios para la recreación, pero en la práctica es algo que se viene implementando con la llamada Cultura de Paz, desde hace más de 25 años y no ha tenido ningún efecto”, criticó.
Y es que lejos de invertirse en educación lo que se ha invertido es el fortalecimiento de los grupos de seguridad y de los cuerpos represivos, aseguró el abogado.
El Ministerio de Hacienda de El Salvador asignó, el año pasado, la cantidad de 890 millones de dólares en el presupuesto general para temas de seguridad y defensa. A este monto, se sumaron $400 millones en reorientaciones de fondos y deuda asignado también para temas de seguridad, lo que en total suman mil 290 millones de dólares.
El Ministerio de Hacienda informó que para el Presupuesto 2023 se propuso la cantidad de 8 mil 902.7 millones de dólares. A salud se destinará, según esa propuesta, mil 131.2 millones y a educación mil 507.9 millones. A seguridad y defensa se les aprobó 838 millones 787 mil 780 dólares entre ambos.
“Nos hace recordar las mismas políticas que se ocuparon con los regímenes militares en el Salvador desde 1931 hasta 1979, tienen los mismos patrones: aumentar el poder policial, aumentar el poder militar y suprimir espacios culturales y educativos”, agregó.
Aunado a ello prevalece la construcción de un discurso represivo hacia quienes critican al gobierno actual. El efecto negativo es que, a quien critique las medidas se considera que apoya a las pandillas, se han suprimido canales de televisión local (tal es el caso de Teleprensa Canal 33) y existe un aparato mediático con un contenido represivo.
También hay intervenciones de comunicaciones telefónicas con el argumento de debilitar las estructuras delictivas. El periodismo ha sido uno de los sectores que se han visto afectados por esas medidas. Hasta diciembre de 2022 la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)registró 125 casos de agresiones contra la prensa e identificaron casos graves de vulneración a periodistas, en su ejercicio profesional.
No obstante, el mismo estado de excepción rompe con la constitucionalidad, tal como recuerda Joel, y se ha extendido por 10 meses, aunque el tiempo máximo es de 30 días y se puede extender hasta treinta días más si prevalecen las circunstancias que lo originaron, de acuerdo a la Constitución.
Aunque la posibilidad de esa prórroga se llevó a cabo gracias al respaldo Legislativo y a las reformas al Código Penal y de Leyes. Además, es una figura que se concibió en la Constitución de 1983 durante el contexto de guerrilla.
“Fue formulada por la derecha a través de una asamblea constituyente dirigida por el Mayor Roberto d’Aubuisson, uno de los grandes fundadores de los Escuadrones de la muerte y entrenado por Estados Unidos. Esa constitución tenía un carácter contrarrevolucionario en donde ya no se hablaba de un estado de sitio, sino que de un régimen de excepción regulado del artículo 29 al artículo 31”, enfatizó.
Las circunstancias que utilizan las autoridades, para generar un vacío y sostener la prórroga del estado de excepción, es que en el artículo 29, estipula que entra en vigor en caso de guerra, invasión, sedición, catástrofe y epidemia o graves perturbaciones al orden público, y así se suspenden derechos y garantías individuales, como la libertad de expresión e individual.
La entrada de ese régimen, tal como también recuerda Verónica Reyna directora de Derechos Humanos en Servicio Social Pasionista en El Salvador, en entrevista con Once Noticias, responde también a que el Estado salvadoreño rompió el pacto que tenía con las pandillas.
Las personas detenidas son acusadas bajo tres principales figuras jurídicas: agrupaciones ilícitas (llamadas también agrupaciones terroristas), extorsión y portación de armas de fuego, aunque también por posesión y tráfico ilícito de drogas.
El problema es que esas acusaciones se sostienen sólo por sospecha, no hay investigaciones ni órdenes de aprehensión que respondan a un debido proceso judicial y porque las autoridades deben cumplir con cuotas de detenciones.
Las pandillas han sido un fenómeno que ha asolado al país centroamericanos desde los noventa. En la década de los dos mil, el aumento con respecto a las cifras de homicidio, llevaron a El Salvador a ocupar la lista de los países más peligrosos de la región.
De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), después de Trinidad y Tobago y Jamaica, El Salvador lideró los altos índices de homicidios culposos. El año con mayor porcentaje fue 2015 cuando registró 105.23% de víctimas por homicidio doloso.
Aunque desde 2017 los porcentajes decrecieron: en 2017, el porcentaje fue de 62.02%; en 2018 fue de 52.11%, y en 2019 fue de 37.16%. En el año 2020, no hay información de esta oficina con respecto a este país centroamericano.
¿Qué se espera para las siguientes elecciones?
El próximo año se acercan las elecciones y Bukele ha expresado que se reeligirá. Para la defensora de derechos humanos, Verónica Reyna, la reelección será un punto de quiebre.
“Para mí las dos utilidades más significativas que tiene el régimen es dejar claro a las pandillas quién manda y por tanto manejar una posición de poder para una posible negociación futura, porque tampoco es viable una guerra permanente. Y dos, para mantener una amenaza velada y constante a cualquier persona que sea incómoda. O sea, en este momento no hay ninguna forma de defenderte ante el poder del Estado”, denunció Verónica al medio.
La defensora también dijo que se deberán advertir las implicaciones políticas que tendrá en la composición legislativa y en la crisis económica, que ya se resiente en El Salvador, junto a los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos de las personas.
Joel enfatizó que el sistema judicial está viciado y que al hablar del régimen de excepción no se habla sólo del mandatario actual sino de todo un aparato del Estado al servicio de las disposiciones del Ejecutivo.
Agregó que en la narrativa del gobierno actual, la estrategia de “guerra contra las pandillas” responde también a la continuidad de un aparato represor cuyos costos sociales serán altos y que se expresarán a mediano y largo plazo.