Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo, al inaugurar su primer periodo de sesiones correspondiente al año 2022, que la Corte resolverá asuntos de gran trascendencia para el orden jurídico nacional, sin dejar a un lado los miles de asuntos que ingresan a la Corte.
De entre esos pendientes que podrían ver la luz durante el primer semestre están: la controversia constitucional en que se impugna el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada para tareas de seguridad; las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugna el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Registro de Detenciones; diversos asuntos relacionados con el interés superior de la infancia, tales como las acciones de inconstitucionalidad relativas a los derechos de las infancias trans; la relativa al castigo con fines disciplinarios a niños, niñas y adolescentes y la que se refiere a los centros de cuidado infantil de la CDMX; así como la acción de inconstitucionalidad en la que se impugna el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en la CDMX, además de diversos asuntos relacionados con el caso de la presa “La Boquilla”, en Chihuahua.
“Actuaremos con independencia”: Zaldívar
El ministro presidente destacó que, lejos de las posturas políticas, su compromiso es con la Constitución. “En estos como en todos los asuntos, la Corte actuará con independencia e imparcialidad con la que lo ha venido haciendo hasta ahora. Nuestros fallos podrán gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas, pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y con los derechos humanos”, aseveró.
No tengo duda de que estaremos a la altura de este reto, la Corte ha sido y seguirá siendo el Tribunal constitucional del Estado mexicano, el poder equilibrador, autónomo e independiente que nuestra democracia constitucional exige”.
Asimismo, anunció que, a partir de este lunes, se utilizará un formato unificado que permita facilitar a los operadores de justicia y el público en general, la identificación de las consideraciones que constituyen jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país.