Internacional

Corte IDH analizará convencionalidad de prisión preventiva oficiosa en México

Este análisis es por caso García-Alpizar que estuvieron con esa medida cautelar por más de 17 años, la más larga en la historia del país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizará, en su próximo 150 período de sesiones ordinarias, la prisión preventiva oficiosa en nuestro país por el caso García-Alpizar.

El caso ingresó a la Corte en mayo de 2021, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo enviara ante dicha instancia internacional.

Este caso cimbró a la sociedad dado que la medida de prisión preventiva duró más de 17 años, además se documentaron torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal de ambos.

Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, estuvieron detenidos en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años, en el penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.

Fueron detenidos en febrero y octubre, respectivamente, del año 2002, por las autoridades del Estado de México, sin orden judicial previa y señalados como presuntos responsables del asesinato de la exregidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido el 5 de septiembre del 2001.

En un informe de fondo que hizo la Comisión concluyó que Daniel García y Reyes Alpízar conocieron formalmente las razones de su detención y los cargos formulados hasta que fueron puestos a disposición de un juez.

Esto último ocurrió 45 y 34 días después, respectivamente, luego de la privación de su libertad, lapso que estuvieron detenidos bajo arraigo.

Por esta situación, la Comisión estableció que la aplicación de la figura del arraigo constituyó una medida punitiva y no cautelar. Por tanto, fueron privados de su libertad de una forma arbitraria y violatoria de la presunción de inocencia.

Entre otras violaciones de las que fueron víctimas resalta el derecho de defensa, ya que durante el proceso legal no lograron presentar las pruebas de descargo ofrecidas como esenciales y el juez de la causa no tomó medidas para asegurar el envío de información.

Sumado a ello la extensión de prisión preventiva por más de 17 años, por lo que CIDH la calificó de arbitraria.

La audiencia de este caso se llevará a cabo el próximo 26 de agosto, y forma parte del 150 período ordinario de sesiones de la Corte IDH, en la ciudad de Brasilia, Brasil.

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