Diversas organizaciones y personas de la sociedad civil lanzaron una carta pública para llamar a las autoridades mexicanas a garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad.
Demandan las garantías de los derechos humanos, así como el cese a la colaboración con Estados Unidos, ya que en los últimos días ha expulsado decenas de personas de su territorio, a través de diversos vuelos hacia México, principalmente hacia la frontera sur, por medio del Título 42.
La carta fue publicada a través de redes sociales:
✉️ #CartaPúbluca
— Sin Fronteras IAP (@Sinfronteras_1) August 13, 2021
Llamamos a las autoridades a garantizar la protección de los #ddhh de todas las personas en situación de movilidad, dejando de colaborar con los EEUU en sus tareas migratorias, especialmente por #Título42
➡️ https://t.co/ZynqidcCpF @GobiernoMX @SRE_mx @SEGOB_mx pic.twitter.com/S0F9czasdc
En ella expresan que la orden de Título 42, implementada por el Gobierno de Estados Unidos, busca frenar la migración “lejos de proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo, las coloca en situaciones de peligro y las obliga a recurrir a rutas más sórdidas e inflar las arcas de los traficantes”, afirma el comunicado.
“En los últimos 8 días se han registrado más de 6 vuelos a Tabasco, Chiapas, Morelia, Guadalajara y la Ciudad de México con entre 200 y 300 personas por vuelo”.
Denuncian que las personas fueron llevadas, por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, vía terrestre, a la frontera con Guatemala, para luego ser abandonadas sin acceder a ningún procedimiento legal ni con la posibilidad de buscar asilo en México.
Afirman que no hubo intervenciones de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, según lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil, llevan una semana monitoreando los vuelos y la devolución en cadena.
Entre las personas deportadas se encuentra población de diversas nacionalidades y se compone de grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, niñez y adolescentes.
Las organizaciones denuncian que el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, señaló en conferencia de prensa que la estrategia de enviar a las personas en vuelos a diferentes entidades del país es “para que sea más difícil para las personas volver a intentar cruzar a Estados Unidos”.
Tal declaración, afirman, es alarmante ya que responsabiliza al Gobierno Mexicano para proteger la vida de esa población, además “lo hace cómplice de las violaciones del derecho al asilo, del principio de no devolución y acepta la externalización de la frontera del gobierno estadounidense”.
Enfatizan que no debe repetirse lo ocurrido con el Protocolo “Quédate en México” o MPP, activo entre enero del 2019 a enero del 2021, que dejó un saldo de 72 mil personas que fueron regresadas a México y que fueron puestas a condiciones de vulnerabilidad e inseguridad: “colocó a esas personas como carne de cañón de secuestros, extorsiones, abusos de autoridad, violaciones de derechos, condiciones precarias de vida, y la muerte”.
Exigen al gobierno mexicano que replantee sus acciones y su colaboración con dicho protocolo de deportación estadounidense y piden buscar alternativas para asegurar la protección efectiva de las personas.
En marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, siglas en inglés) emitieron una orden bajo el Título 42, por el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, que prohíbe la entrada a personas sin autorización, ya sean personas migrantes o solicitantes de asilo.
El Título 42 impide que las personas accedan a procedimientos de asilo o de protección en Estados Unidos, detalla ACNUR, las personas que buscan ingresar a Estados Unidos vía terrestre son devueltas inmediatamente a México, y si eso no es posible, son devueltas a su país de origen. Estas medidas se aplican en los puentes, cruces oficiales e irregulares.
México aceptó colaborar con el Título 42, el 21 de marzo de 2020, “y se comprometió a recibir 100 personas expulsadas al día provenientes de países centroamericanos, con excepción de aquella población vulnerable a la COVID-19, como mujeres embarazadas, niñez y adolescencia”, tal como se lee en la carta pública.
Entre los firmantes destacan Espacio Migrante AC, Sin Fronteras IAP, National Network for Immigrant and Refugee Rights Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos (ARGOS) y más de 50 organizaciones y personas de la sociedad civil.