El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en Toluca, ratificó la resolución emitida por un juez de control y determinó el sobreseimiento y cancelación del proceso penal contra los 31 académicos y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso indebido de atribuciones.
Las y los magistrados del Tribunal aprobaron, por dos votos contra uno, la resolución con efectos de sentencia absolutoria, por lo que ya no podrán ser juzgados por ninguno de los delitos que les fueron imputados por la representación ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR).
En sesión del pasado 25 de abril, el órgano colegiado consideró insuficientes las pruebas presentadas por la parte acusadora y resolvió que el personal acusado que formó parte del extinto Conacyt no cometió ningún delito, y que de continuar el proceso en su contra, implicaría violaciones graves a sus derechos humanos.
De acuerdo con los registros públicos, en abril de 2023, un juez de distrito emitió una resolución en la que decretó el sobreseimiento del proceso judicial abierto en contra de Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del entonces Conacyt, así como de Elías Micha Zaga, José Rodrigo Roque y María Dolores Sánchez Soler, entre otros, respecto de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Inconforme con la resolución, el Ministerio Público de la Federación interpuso un recurso de apelación el 20 de abril de 2023, por lo que el asunto llegó al Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, órgano que lo admitió a trámite y lo turnó para su resolución a la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, para elaborar el proyecto de sentencia final.
En este contexto, la magistrada ponente determinó en su propuesta de sentencia aprobada que, al ser cosa juzgada, el caso debe quedar cerrado.
En la sentencia se establece que el juez de control consideró diversas determinaciones dictadas en la misma causa penal, como el no ejercicio de la acción penal y el sobreseimiento de la causa, por delitos imputados, y sobreseyó de forma parcial la causa penal.
Cabe recordar que en 2021, la FGR abrió la investigación en contra de los 31 científicos y académicos del Conacyt, acusándolos del presunto desvío de recursos destinados a proyectos de apoyo de investigación científica y tecnológica, de 2013 a 2018, a denuncia de la entonces directora general, María Elena Álvarez-Buylla.
Según la denuncia, estos recursos habrían sido gastados en una casa residencial, viajes internacionales y nacionales, sueldos, impuestos, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre otros.
Derivado de ello, la FGR solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de los imputados, como probables responsables de los delitos mencionados y por presuntamente desviar en forma permanente y reiterada, 244 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para beneficiar indebidamente a sus integrantes.