El 11 de diciembre de 2006, enfundado en una casaca militar que le quedaba grande, Felipe Calderón, sin consultar al Congreso de la Unión y sin un marco legal, ordenó a las Fuerzas Armadas el despliegue masivo de tropas y declaró la guerra al narcotráfico.
Unas 20 organizaciones criminales, nacidas muchas de ellas en los sótanos del Estado, dominaban el mercado y se hallaban inmersas en una dinámica, que el CIDE, en un estudio publicado en 2016, llama de fragmentación y cooperación.
El negocio de la droga, penetrando al Estado gracias a la corrupción y la impunidad imperantes, venía en ascenso.
Declarar la guerra a un enemigo así; irregular y elusivo, que contaba con una amplísima base social, una ilimitada capacidad de aprovisionamiento financiero y logístico, y que había logrado infiltrar y descomponer a las policías municipales, estatales y federales e, incluso, al mismo ejército, era, desde el punto de vista estrictamente militar, una insensatez.